Diez despidos improcedentes a bordo del 'Fortuna'

NO colocaron la tablani lesecharon por la borda,pero a los diez miembrosde la tripulación del yateFortuna del rey Juan Carlos lespusieron de patitas en el muelle deforma improcedente, lo que al erariopúblico y a la empresa que losempleaba les va a costar 1,23 millonesde euros. Una cantidad a la alturadel nombre del barco, que no abonaráquien durante años ha sido subeneficiario, hasta que decidiórenunciar a él.

La sala de lo social del TribunalSuperior de Justicia de Baleares haestimado la demanda de despidocolectivo interpuesta por la tripulacióndel último Fortuna y ha condenadoal pago de la indemnización ala empresa adjudicataria del mantenimientoy gestión del buque, UniónNaval Valencia, y a PatrimonioNacional, titular de la embarcación,informa Efe. El fallo establece que laempresa naviera y el organismopúblico estatal tendrán que pagar alos tripulantes de manera solidaria,lo que supone que cada una de estasentidades abonará 617.720 euros que se repartirán entre los despedidos enfunción de sus años de servicio, quevan de 32 a 10, y de los salarios quepercibieran, entre 138.000 y 51.000euros, según sus funciones. Enel juicio celebrado el pasado día18 en Palma, tanto Unión NavalValencia como Patrimonio Nacionalaceptaron los hechos planteados porlos diez empleados, cuyas indemni zaciones oscilan entre los 185.000 ylos 54.000 euros.

Los tripulantesdesistieron de su pretensión inicialde exigir la readmisión a parte dePatrimonio Nacional al asumir queno existía un centro de trabajo pararealizar tareas similares. La sentenciaestablece que los tripulantes estabancontratados por Unión NavalValencia, adjudicataria del contratode mantenimiento del yate de JuanCarlos I desde 2011, pero todos veníanprestando sus servicios en el barcodesde años atrás para las diferentesempresas que se habían hecho cargode este servicio. Era PatrimonioNacional la entidad de la que losempleados dependían de manerafuncional, e incluso su salario veíadeterminado por el presupuestoanual para el yate que aprobaba elorganismo estatal.

Por todo ello, el tribunal dictaminaque se producía una cesión ilegal detrabajadores por parte de la empresaadjudicataria en favor de la sociedadpública, deja sin efecto la extinciónde los contratos mediante unEREque realizó UniónNavalValenciay ordena la indemnización solidariade los trabajadores despedidosde forma improcedente. Así que ahora,a pagar, y pelillos a la mar.