El PNV no se rinde con el PSE y se da hasta fin de mes para pactar el euskera en las OPE

Hasta el momento, la negociación entre los dos socios del Gobierno Vasco para dar seguridad jurídica a los requisitos de conocimiento de euskera en las ofertas públicas de empleo se desarrollaba sin que ninguno sintiera la presión del plazo final para registrar enmiendas a la reforma legal propuesta por el PNV, porque habían sido otros partidos los que habían solicitado que se prorrogara y, sin pretenderlo, habían dado más tiempo y oxígeno a los jeltzales y a los socialistas. La Mesa del Parlamento ya había registrado y aceptado dos prórrogas del PP y otra de Sumar a la reforma de la Ley de Empleo Público o, en sentido estricto, las reformas, porque hay dos: por un lado, la que planteó el PNV sin el respaldo de sus aliados del PSE y, por otro, la reforma registrada por EH Bildu, con quien, en teoría, podría parecer más sencillo alcanzar un acuerdo, pero ha presentado una estrategia jurídica "inversa" a la jeltzale. El plazo terminaba a finales de esta semana, no habían surgido más peticiones de prórroga, y nada en las declaraciones públicas de los socialistas vascos parecía sugerir que se hubiera producido un acercamiento en un debate donde las concepciones de partida siempre han sido muy diferentes, ya que el PSE no comparte que exista una ofensiva jurídica contra el euskera ni que haya razones de peso para abrir este melón. Si el PSE ha contrapuesto durante meses los derechos laborales de quienes se presentan a las OPE frente a los derechos lingüísticos, la polémica que ha estallado por la salida de CCOO de la última edición de Korrika no ha generado el mejor clima posible, aunque ni PNV ni PSE señalan este episodio como un factor que haya distorsionado el diálogo ni creen que el intercambio de propuestas se haya detenido. El único hecho objetivo y contrastado es que este martes, en la reunión de la Mesa, el PNV ha terminado pidiendo por primera vez que el plazo de las enmiendas se prorrogue. Con este movimiento, el PNV lanza como mensaje que no renuncia al acuerdo y está dispuesto a exprimirlo porque el euskera necesita "acuerdos plurales, entre diferentes". Pero es, al mismo tiempo, una constatación de que hace falta más tiempo y de que la ficha no termina de moverse del casillero. El PNV ha evitado levantarse de la mesa y seguir adelante por su cuenta sin su socio, y parece que no tiene intención de ser él quien rompa la baraja.

El PNV acudió a la Mesa con una propuesta para extender el plazo quince días más. Con exactitud, el plazo que ha aceptado la Mesa es de siete días, que es lo habitual a partir de la primera prórroga, aunque los efectos prácticos son similares a esas dos semanas, porque en mitad del calendario está el festivo de San Prudencio del día 28 en Araba y hay que contar los días de gracia más allá de ese cierre de registro, según explican las fuentes consultadas. Por tanto, el plazo de referencia en estos momentos es el 30 de abril a las 12.00 horas.Fuentes socialistas aseguran a Grupo Noticias que la petición es del PNV, y que el PSE la ha respaldado porque así lo dictan los usos habituales en el Parlamento, pero no tienen nada más que añadir o que explicar más allá de lo que dijo su propio secretario general, Eneko Andueza, en la entrevista que publicó Diario Vasco el domingo. Andueza aclaró que el PSE no se va a "levantar de la mesa", pero sigue pensando que, "con la propuesta que tanto PNV como Bildu han puesto encima de la mesa, lo único que se consigue es que se produzcan más recursos ante los tribunales, y lejos de solucionar el problema, se enreda más".

El PNV informó de que la propuesta de plazo la había aceptado la Mesa, "donde hay representantes de Bildu y PSE". Ha pedido esta ampliación porque el euskera "necesita un acuerdo", y ese pacto es "posible" aunque necesita más "tiempo". Los jeltzales aseguran que han estado negociando con los partidos durante meses y, sobre todo, con su socio de gobierno, con el objetivo de fomentar el uso del euskera y dar seguridad jurídica a las OPE para las personas que se presentan al examen sin saber si todo el esfuerzo se va a escapar por el sumidero, para las instituciones, y para el propio euskera. Se trata de hacerlo "desde el realismo", y huyendo "del maximalismo de unos y del inmovilismo de otros". "No nos vamos a bajar de la negociación y vamos a estar hasta el último minuto intentándolo. Es un tema suficientemente importante como para no darnos por vencidos", recalcaron. El portavoz parlamentario y burukide del EBB, Joseba Díez Antxustegi, aclaró que no se cierran a nadie a la hora de alcanzar acuerdos, sino que están "abiertos a alcanzarlos" con quienes quieran trabajar a favor del euskera. En cualquier caso, el PNV no maneja planes B, y está centrado en la negociación con el PSE porque es su socio de Gobierno y porque cree que el euskera "necesita grandes acuerdos, entre diferentes, plurales, que nos hagan movernos en defensa del euskera". Y hace falta "más tiempo" para un "gran acuerdo". Todo este tiempo, el PNV ha aclarado que no tiene un veto sobre EH Bildu, sino que la propuesta que defiende sería recurrida al día siguiente.

Un año de negociación

La posición del PNV durante la tramitación de esta reforma se ha caracterizado por dar tiempo al acuerdo con el PSE, con quien lleva negociando, como mínimo, desde el 14 de mayo de 2025, es decir, casi un año. La intención inicial del PNV no era presentarse a estas alturas de abril sin un acuerdo, sino conseguirlo dentro de las prórrogas ya solicitadas. Ahora ha sido él mismo quien ha decidido dar más tiempo al entendimiento con sus aliados. El partido de Aitor Esteban hizo algo parecido cuando trataba de presentar de manera conjunta con el PSE la propuesta de reforma, pero finalmente registró en solitario su proposición de ley poco después de que Andueza declarase en público que no veía "razones de peso" para abordar este debate, porque ambos partidos acababan de acordar la legislatura pasada un decreto que da flexibilidad a los perfiles en la administración. El PNV entendió que no podía correr un tupido velo ante las interpretaciones judiciales que están surgiendo, y el burukide Markel Olano presentó una reforma quirúrgica de un solo artículo, que da autonomía para que cada institución fije el porcentaje de plazas que necesita en euskera, en función de la realidad de su entorno y siguiendo criterios de proporcionalidad. Por tanto, ya no habría un índice general de obligado cumplimiento. En caso de acuerdo, habría que modificar el decreto de la legislatura pasada en seis meses.

El PSE quiere que el acuerdo se parezca lo máximo posible al decreto ya vigente, y no le convence la idea de que desaparezca el índice general: Pau Blasi ha solicitado públicamente algún tipo de baremo o marco general del Gobierno Vasco, y hace unos días el PSE se refería también a las situaciones específicas que viven sectores donde habría problemas para cubrir las plazas, como los cuidados. La última edición de Korrika arrancó con polémica precisamente por las informaciones de Argia que situaban a CCOO detrás de unas maniobras organizadas para recurrir los requisitos de euskera en las OPE, lo que provocó también que el PSE se desmarcara de la carrera de relevos. Aun así, la edición de Korrika fue masiva y escenificó el respaldo hacia la lengua vasca, si bien el Gobierno Vasco lamentó esta controversia y apostó por sumar aliados en la causa por el euskera. Desde entonces ha sobrevolado la posibilidad de que esta polémica afectara al diálogo, pero el PNV asegura que las conversaciones se han mantenido.

EH Bildu, por su parte, presiona a ambos socios para que negocien a tres bandas, pero defiende una propuesta que el propio Josu Aztiria admite que responde a una lógica jurídica distinta a la del PNV y a la del sistema que está vigente desde hace décadas, y fija como principio general la obligatoriedad de conocer las dos lenguas para concretar, a partir de ahí, qué puestos pueden contar con un plazo extra para acreditar el conocimiento de euskera. Además, hurgó en las diferencias entre los socios, a los que acusó de priorizar por encima de todo la paz dentro del Consejo de Gobierno y evitar un nuevo enfrentamiento público.