Pedro Sánchez e Imanol Pradales volverán a verse este martes las caras en el palacio de La Moncloa, pero el encuentro entre el presidente español y el lehendakari no va a ser otro más de los varios que ambos mandatarios han mantenido en el año escaso transcurrido desde que el lehendakari accedió a Ajuria Enea. El presidente del Gobierno español llega a la comisión bilateral CAV-Estado todavía con las heridas abiertas en su partido y en su ejecutivo por el estallido de la tormenta política y judicial por el caso Cerdán, que ha llevado a prisión a uno de sus personas de mayor confianza e influencia y ha dejado muy tocado al presidente Sánchez.
El Gobierno español acusa una tremenda falta de confianza ciudadana y credibilidad política no solo en el PP y la extrema derecha, sino también en sus socios de investidura que, de momento, le han dado una nueva oportunidad para mantener las constantes vitales y llegar al final de su mandato.
Entre ellos está el PNV que, siendo uno de los interlocutores preferentes del Gobierno Sánchez, ha pasado a ser, a raíz de estos episodios de corrupción, uno de los socios más duros a la hora de pedir explicaciones sobre la corrupción al Gobierno de Sánchez. El pasado miércoles la nueva portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, le dijo a Sánchez que la confianza de su partido en el PSOE va camino de la UCI”.
En Sabin Etxea son conscientes de que el futuro de la legislatura española es muy incierto y quieren arrancar al presidente español todas las transferencias pendientes lo antes posible, especialmente la que afecta a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
La comisión bilateral es el órgano de coordinación en el que se tratan asuntos de cooperación entre ambos ejecutivos, como las transferencias y otros temas pendientes como la política migratoria, el impulso del euskera en las instituciones europeas, el impulso a la macrorregión atlántica, la reasignación de fondos MRR, las redes eléctricas o la conectividad.
Tema tabú en el Estado
Pradales y Sánchez presidirán la cumbre bilateral creada para completar las materias pendientes del Estatuto de Gernika cuando han transcurrido casi 46 años de su aprobación por la ciudadanía vasca. En este foro buscarán los acuerdos necesarios para materializar sin dilación el traspaso de una materia con un gran contenido material, pero también con una carga simbólica muy grande, hasta el punto de que en muchos sectores de la sociedad española se ha convertido en un tabú que ha condicionado durante décadas el debate y la negociación de la materia dentro del marco legal vigente.
En todo este tiempo se ha presentado deliberadamente el traspaso como la ruptura de la caja única –y con ello la ruptura de España– cuando en puridad la materia es la gestión económica de la Seguridad Social y su ventanilla única.
Las partes coinciden en que la transferencia tiene anclaje en la Constitución española, que establece que la legislación básica es competencia exclusiva del Estado “sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”. Y añade que, por su parte, el Estatuto de Gernika determina que los gobiernos vasco y español crearán los oportunos convenios para que Euskadi asuma “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social,
Las negociaciones en los últimos días han sido muy intensas de cara a cerrar los acuerdos necesarios para transferir al menos un primer paquete de la Seguridad Social. La transferencia tiene por objeto la asunción de la gestión por parte de Euskadi de las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva (asistencial) de la Seguridad social por la Comunidad Autónoma Vasca, además del subsidio especial por nacimiento, de carácter no contributivo. El traspaso de estas prestaciones no contributivas permitiría culminar el proceso de transferencias a Euskadi de las prestaciones no contributivas.
En resumen, son las prestaciones de cuidado familiar por nacimiento; por hijo o menor acogido con discapacidad; por tener familias numerosas, monoparentales, o por tener padres y madres con discapacidad; y las de parto o adopción múltiple.
Seguro escolar
Otra de las materias en las que se ha estado trabajando ha sido la ampliación del traspaso del seguro escolar, que brinda protección a los y las estudiantes menores de 28 años que cursan estudios oficiales. Cubre tanto accidentes escolares como enfermedades y situaciones familiares adversas.
También se quiere asumir la gestión de la prestación contributiva de desempleo que se recibe cuando se pierde el trabajo que incluye la cotización a la Seguridad Social por jubilación, incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia, asistencia sanitaria, maternidad y paternidad.
Dificultades
Las conversaciones no están siendo sencillas y la semana pasada la consejera de Gobernanza del Gobierno vasco, enfrió las expectativas y advirtió de que no aceptarán “acuerdos a medias” y añadió que lo que valen son los documentos firmados y no las palabras. En el Ejecutivo de Pradales los documentos están negro sobre blanco sobre la mesa.
Del lado español, las dificultades surgen, entre otras razones, porque las materias afectadas por la Seguridad Social están repartidas en dos ministerios diferentes, uno gestionado por el PSOE y el otro por Sumar, de Yolanda Díaz, formación esta que no comparte algunos de los postulados de su socio mayoritario de gobierno.
La anterior comisión bilateral presidida por ambos mandatarios se celebró el 27 de noviembre del año pasado. Entonces acordaron el traspaso de dos nuevas competencias, Ordenación y Gestión del Litoral y Actividad cinematográfica y audiovisual.
