El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al fiscal general, Álvaro García Ortiz, de actuar como un “delincuente común” al “borrar las pruebas que le incriminan” y pidió al Tribunal Constitucional (TC) que “no manosee” en este caso y se “dedique a lo suyo”. Así se pronunció después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya indicado que los mensajes de WhatsApp del teléfono móvil del fiscal general se borraron “hasta dos veces” el pasado 16 de octubre, mismo día que el Tribunal Supremo (TS) le abrió causa. “Espero que se mantenga la cordura el TC y que el Tribunal Supremo siga actuando con absoluta independencia y así tengamos la garantía plena de un Estado de Derecho en España. Porque si no, entramos en una situación que ya empezamos a vivir de un Constitucional que actúa como un tribunal de última instancia, cosa que no es su función en ningún caso”, avisó en una entrevista en la cadena Cope. En ella el presidente del PP describió que el comportamiento del fiscal general es “incompatible” con el sistema democrático y recalcó que lo que debería haber hecho, una vez que se ha conocido que está siendo investigado, es “dimitir”. “Y si no dimite lo que debe hacer el Gobierno es cesarlo”, proclamó. Feijóo indicó que con su borrado de mensajes García Ortiz ha tenido el “comportamiento de un delincuente común”, algo que, a su entender, es “insólito en cualquier democracia occidental” y “no tiene antecedentes en la democracia española”.

Moncloa no tardó en salir al paso en boca del titular de Transformación Digital, Óscar López, quien contraatacó afirmando que Feijóo es “un cobarde” porque no se atreve a pedir la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “El señor Feijóo está amparando las peores prácticas, está persiguiendo a quien persigue la corrupción en vez de denunciar la corrupción. Pero ya vimos lo que pasó con la señora Ayuso y el señor Casado. Casado se atrevió y le costó el puesto”, recordó. Para el ministro, desde entonces, la lideresa “se dedica a perseguir primero al jefe de su partido, luego al fiscal general, luego a periodistas a los que han amenazado”.

Datos personales del fiscal

En este escenario, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, calificó de “muy preocupante” que se hayan filtrado datos personales del fiscal general en la causa que instruye el Supremo a raíz de la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, pareja de Ayuso. La dirigente socialista defendió que le parece “mucho más sospechoso que un presunto defraudador de más de medio millón de euros todavía no haya declarado” en sede judicial, al ser preguntada sobre que García Ortiz borrara el contenido de su teléfono el mismo día que el Supremo abría una causa contra él. En este sentido, volvió a mostrar la “confianza absoluta” del Gobierno de Pedro Sánchez en la labor de García Ortiz, incluyendo las gestiones que realizó para “desmentir un bulo” lanzado por el entorno de Ayuso sobre González Amador, al que calificó de “presunto defraudador”.

De hecho, el Tribunal Supremo estudia los recursos que presentaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado de autorizar la entrada y registro en el despacho del fiscal general para investigar la presunta revelación de secretos.