El Gobierno del socialista Pedro Sánchez recurrirá ante varias instituciones europeas e internacionales, más concretamente ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa, las iniciativas autonómicas sobre memoria impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en tres comunidades: Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Moncloa considera que estas normas son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
El Gobierno aseguró que elevará esta cuestión “por la gravedad” de su contenido y porque contravienen la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en octubre de 2022. El Ejecutivo de Sánchez continúa así con su cruzada contra las denominadas leyes de la concordia auspiciadas por varios ejecutivos autonómicos dirigido por PP y Vox. Moncloa hizo antes lo propio con el anuncio de su recurso ante el Tribunal Constitucional si Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León si estas comunidades autónomas no se avenían a retirar los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la citada Ley de Memoria.
Así, en la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno español recurrirá a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas “con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos”. Por su parte, ante el Parlamento Europeo promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno de la Eurocámara para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas. Y, de la misma forma, en el Consejo de Europa, invocarán “la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos” y además promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de este organismo “para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox”.
De la misma forma, el Gobierno avanzó que informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos “para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación”. Por último pedirá la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de “leyes de derogación” por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox. Desde Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró que ya ha dado instrucciones para trasladar esta cuestión.
Reacciones
La noticia, que se sumó a una visita que Sánchez realizó al Valle de Cuelgamuros para conocer in situ las tareas de recuperación de 160 víctimas reclamadas por sus familias, generó un aluvión de reacciones en los gobiernos autonómicos de Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. La más agria fue la protagonizada por el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quién tildó a Sánchez de “tirano” y le recomendó que en lugar de denunciar la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón en la ONU, lo haga en la Estación Espacial Internacional, Marte o Corea del Norte. No en vano, el dictador del país asiático, Kim Jong-un “es su espejo”. Y fue a más, ya que valoró el paso dado por el Gobierno como una “esperpéntica astracanada” y ahondó en que Sánchez “no es más que un títere de Marruecos, de los independentistas y los etarras de Bildu”.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, enclavó la visita de Sánchez a Cuelgamuros en la necesidad del presidente de tapar la corrupción de su gobierno golpista investido por fuerzas criminales”. “Vuelve a la necrofilia, la división y el rencor”, insistió, para concluir que Sánchez “no tiene límites morales y pretenden liquidar los límites legales”, según citó.
