El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar a seis personas, en su mayoría antiguos miembros de ETA, como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas, por la organización de 120 ongietorris a presos de ETA entre 2016 y 2020.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, acordado a instancia de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 propone juzgar a los miembros de la Comisión de Presos de Sortu Jose Antonio López Ruiz, Kubati, y a Oihana Garmendia Marín, junto a los investigados Haimar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro.
La resolución explica que, en su condición de miembros de la Comisión de Presos de Sortu, Kubati y Garmendia Marín, junto al resto de investigados, “han desarrollado una actividad tendente a organizar de forma sistematizada los actos de homenaje a los presos, valiéndose en ocasiones de la dinámica Kalera Kalera y de otros movimientos sociales o asociaciones”.
La organización de los ongietorris y demás actos de homenaje a los presos de la banda se realizó, asegura el auto, a través de normas estrictas tanto en lo referente a qué presos se rendía tributo como en lo concerniente a cómo se debía desarrollar el homenaje. Así, solo fueron destinatarios de un homenaje aquellos presos que se habían mantenido durante su cautiverio dentro de la disciplina del colectivo de presos. A lo largo del auto, en el que se da a las acusaciones un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación, el magistrado hace constar los 120 concretos actos de homenaje a miembros de ETA.
Juicio en París
En este contexto, la Fiscalía francesa pidió ayer miércoles sendas penas de dos y un año de cárcel, pero exentas de cumplimiento, para dos miembros del colectivo Artesanos de la Paz a los que requisaron en diciembre de 2016 una parte del arsenal de ETA que reunieron, según su versión, para garantizar el desarme de la banda. La fiscal del Tribunal Correccional de París reclamó una pena de dos años para Jean-Noël Etcheverry, que solo le obligaría a ingresar en prisión si reincidiera, por los delitos de transporte y detención de armas y explosivos en relación con organización terrorista. Para Béatrice Molle solicitó un año también exento de cumplimiento por detención de armas y explosivos, con el calificativo de terrorista.
