La ley de amnistía, otra patata caliente enfriada por Sánchez

Las principales modificaciones de la normativa que fueron acordadas a través de enmiendas versan específicamente en cinco figuras jurídicas: el terrorismo, la traición, las torturas, la malversación y las multas. Entre los votos afirmativos a los cambios se recogieron 20 adhesiones –PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, BNG y Podemos– ante 17 negativas –PP y Vox–. En todo caso, todavía restan episodios por completar, ya que aún debe de pasar por el Pleno del Congreso –previsiblemente el 14 de marzo–. En todo caso, no cabe duda de que el presidente socialista Pedro Sánchez, Junts y ERC han logrado enfriar la enésima patata caliente.

En cuanto a la figura del terrorismo, la proposición borra las referencias al Código Penal y se señala que quedan sin cobertura “los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo”, según la directiva europea de 2017, y que, a su vez, hayan causado “de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. En particular quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario.

En lo referente a los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional recogidos en el Código Penal, se concreta que quedarán excluidos de la amnistía solo cuando se haya producido “tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”. Se remiten en este caso a los términos establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la resolución 2625 aprobada por la Asamblea General en 1970. Quedan también excluidos los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la amnistía los cubrirá cuando “no superen un umbral mínimo de gravedad”, porque no resulten idóneos para humillar o degradar a una persona, dañar su dignidad o “provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física”.

El reformulado texto aprobado en la Comisión de Justicia acota la amnistía del delito de malversación, que estará cubierto por la medida de gracia “únicamente” cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el procés y “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. Y concreta que no se considerará enriquecimiento el uso de fondos públicos cuando, “independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico”, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

Por último, y en lo referente a las multas, la ley deja claro que no habrá indemnizaciones y que tampoco se reintegrarán las sanciones ya abonadas, aunque con la última modificación se abre la puerta a que se devuelvan multas impuestas en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, la conocida ley mordaza.

Al Senado

Aún y habiendo superado su primer escollo, la ley de amnistía aún debe dar más pasos para poder ser aprobado definitivamente a finales de mayo o principios de junio, en plena campaña de las europeas. Ratificada por el pleno del Congreso del próximo jueves, posteriormente deberá de pasar el trámite del Senado, en cuya Mesa podría entrar para ser admitida entre el 19 y el 26 de marzo. Después, llegará el tiempo de elaborar nuevos informes jurídicos, designar a la Comisión Constitucional como el órgano para tramitar la normativa o fijar el plazo para registrar vetos y enmiendas parciales. El PP ya ha anunciado que plantará cara en la Cámara Alta –donde tiene mayoría– y tratará de alargar al máximo un proceso que, sea como fuere, no puede excederse de los dos meses. Su entrada en vigor se presupone para finales de mayo.