El independentismo apremia al Gobierno español a ponerse las pilas con el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas, una de sus demandas para acercar a Pedro Sánchez a la investidura. Junts y ERC le reclaman que muestren su grado de valentía para hacerse valer en la UE mientras Moncloa trata de buscar todos los resquicios para hacer efectiva esta iniciativa. Desde hacerse cargo de los gastos económicos que conlleve hasta dar con una vía legal. De hecho, el Ejecutivo defiende la oficialidad del euskera, catalán y gallego que desde este martes examina Bruselas invocando el artículo 55.2 del Tratado de Lisboa rubricado en 2007 y que los admite “como cooficiales” en base al derecho a que este instrumento legal sea traducido a otros idiomas reconocidos por los Estados miembros.
“Este Tratado puede ser traducido a otros idiomas como determinen los Estados miembros entre aquellos que, de acuerdo con su orden constitucional, disfrutan de estatus oficial en todo o en parte de su territorio”, recoge el apartado 2 del artículo 55 del Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009 y prevé también que los países que lo deseen puedan “depositar una copia certificada de esas traducciones en los archivos del Consejo”. El Estado español ya pasó este instrumento legal a sus lenguas cooficiales y depositó una copia en el Consejo de la UE, algo que también hizo Países Bajos al traducirlo al frisón, lengua que hablan unas 450.000 personas en su provincia más septentrional, Frisia.
El Ejecutivo español no pudo acogerse a él en 2004, cuando el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó la petición en Bruselas y el servicio jurídico del Consejo estimó que no podía llevarse a cabo sin reformar los tratados europeos. En su actual propuesta de reforma del reglamento que fija el régimen lingüístico de las instituciones comunitarias, la delegación del Estado pretende poner blanco sobre negro en las dudas abiertas por parte de los embajadores de los Veintisiete. Solo Finlandia y Suecia se posicionaron públicamente para expresar sus reservas a la iniciativa de ampliar la cifra de lenguas oficiales dadas sus implicaciones económicas y operativas, y es previsible que lo haga Francia. Por contra, Alemania, cuya posición tiene peso en el resto, está abierta a la idea aunque solicita más información para debatirla en profundidad.
La Red Europea para la Igualdad de las Lenguas (ELEN) ha acogido con satisfacción la propuesta de España y destaca que aporta “numerosos beneficios prácticos, así como el prestigio que confiere el estatus oficial”. “También daría a la UE la oportunidad de estar a la altura de su política de apoyar la diversidad lingüística y permitir a sus ciudadanos utilizar su lengua con las instituciones de la UE”, subraya. Asimismo, el president Pere Aragonès argumenta que “los catalanes no reivindicamos un trato de favor, sino simplemente la igualdad lingüística”. En un artículo publicado en varios medios internacionales, el Jefe del Govern precisa que el catalán contribuye a enriquecer la diversidad lingüística de Europa y es “una de las 15 lenguas oficiales más habladas en el continente”. “Somos Europa y creemos en Europa. Solo pedimos poder hablar con Europa como lo hacen casi todos nuestros conciudadanos, en nuestra lengua”, zanja, recordando que se necesita la unanimidad de todos los Estados miembros para que prospere la decisión.
Requiere unanimidad
Fuentes europeas esperan una discusión "interesante y productiva" en la que la presidencia del Consejo, que este semestre ostenta España, tratará la cuestión "como el resto de dossiers que requieren unanimidad", es decir, trabajando la propuesta hasta que todos los países estén de acuerdo. "En los expedientes como este, el tango se baila a veintisiete", ha subrayado una fuente europea, que recordó que el mismo proceso se ha tenido que seguir para lograr un consenso de todos los socios comunitarios en aspectos como las sanciones de la UE contra Rusia. El viernes pasado, cuando se habló de la petición a nivel de los embajadores de la UE, fueron 16 los países que tomaron la palabra y 14 de ellos plantearon dudas sobre las vertientes financieras, políticas o prácticas, mientras que varios pidieron un informe de los servicios jurídicos del Consejo Europeo.
