El Estado tiene las piezas que faltan en el rompecabezas de la muerte de Mikel Zabalza, aunque la imagen final se esboza desde hace tiempo con claridad y apunta a su muerte por torturas. Mientras no se reactive la investigación judicial o el Gobierno español no publique los secretos oficiales, lo que le queda al Ejecutivo vasco es la opción del reconocimiento como víctima que ya ha realizad, y también queda la vía de que las instituciones expresen su solidaridad o insten a actuar a quienes tienen la llave. Lo que se puede decir por ahora es que el informe de la comisión de valoración sobre la muerte de Mikel Zabalza ya obra en poder del Parlamento Vasco.

Según ha podido saber este periódico, la consejería de Beatriz Artolazabal entregó ayer miércoles el documento a la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, quien a su vez lo registró en el Parlamento para que el próximo martes entre en Mesa y todos los grupos tengan acceso a él. El informe que se ha entregado es el que ha redactado la comisión de expertos activada en el contexto de la Ley 12/2016, que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. La comisión concluyó el pasado mes de diciembre que existen presunciones de hecho de que Mikel Zabalza “fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte”, tras su arresto en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Tras este dictamen, el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, firmó una resolución de reconocimiento. Este informe es muy detallado y se basa en una exhaustiva labor que comprende una visita a Endarlatsa, donde según la versión policial Zabalza se habría escapado; y el dictamen médico forense que apunta a prácticas de tortura como la bañera o la bolsa.

La posibilidad de una declaración unánime del Parlamento es ahora inviable, sobre todo, por la presencia de Vox, aunque podría ser que el PP planteara igualmente quejas porque cuestiona la ley de abusos policiales. Quedan otras opciones como las proposiciones no de ley. En Nafarroa se han impulsado iniciativas para pedir investigar los audios a los mandos de la Guardia Civil.