Bilbao - El abogado Jon Enparan-tza, que fue detenido y enviado a prisión en enero de 2014 acusado de ser uno de los cabecillas del frente de makos -como correa de transmisión entre el colectivo de presos EPPK y ETA-, abandonó ayer la cárcel de Segovia por “razones estrictamente humanitarias”. La Audiencia Nacional atendió a su petición debido a la grave “situación familiar” que atraviesa. Sin embargo, antes tuvo que abonar una fianza de 25.000 euros. Así lo había estimado la jueza Carmen Lamela en una orden emitida ayer mismo.

Según explica un auto al que tuvo acceso Europa Press, la esposa de Enparantza se encuentra ingresada en un hospital aquejada de una grave enfermedad y no cuenta con familiares cercanos que puedan hacerse cargo de sus cinco hijos, tres de ellos menores de 10 años. La jueza Lamela tomó la decisión en consonancia con el criterio de la Fiscalía, que aseguraba que en este caso concreto existen “razones estrictamente humanitarias” y que afecta a numerosas personas que no tienen “capacidad de subsistencia independiente”. Tanto es así que el Ministerio Público precisaba en su escrito que la familia del letrado se encuentra en la actualidad desperdigada en diversos domicilios y que no existen abuelos o tíos en condiciones de cuidarlos.

Sin embargo, la magistrada prohibirá a Enparantza abandonar el territorio estatal, para lo que le ha ordenado entregar su pasaporte. También deberá presentarse semanalmente en los juzgados o dependencias policiales más cercanas a su casa.

Jon Enparantza, que desde que fuera ingresado en prisión ha denunciado en numerosas ocasiones la situación de aislamiento padecida en las prisiones de Segovia y Navalcarnero, fue detenido en enero de 2014 junto a la también abogada Arantza Zulueta, Aitziber Sagarminaga y Egoitz López de la Calle y los expresos Miren Aintzane Orkoaga Etxaniz, José Miguel Almandoz Erviti, Asier Aranguren Urroz y José Luis Campo Barandiaran Uribarri. Entonces era el juez Javier Gómez Bermúdez quien dirigía el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Consideró que todos eran miembros de KT (Koordinadora Taldea), formada por personas vinculadas al EPPK, y les acusó de ejercer como la correa de transmisión entre ETA y las cárceles. - DEIA