gasteiz - El Gobierno vasco dio ayer un paso más en las iniciativas alumbradas en torno a las víctimas de la violencia, un colectivo que se ha convertido en protagonista de varios de los principales programas diseñados en el marco del Plan de Paz y Convivencia. Lo que diferencia a Batera (A la vez) de las demás herramientas es que, tras el trabajo realizado en la revisión del pasado y el reconocimiento en el presente, ahora el objetivo es reforzar el papel que los damnificados por la violencia deben ejercer en la edificación conjunta de la convivencia en Euskadi. Además, en la práctica supondrá aumentar el Consejo de Participación de Víctimas, ahora con 11 miembros, y el abanico de representación.
Esta nueva iniciativa plantea una reflexión basada en los principios de autenticidad, sinceridad e igualdad. El primero recuerda la autocrítica que todos los agentes implicados deben ejercer ante la realidad de las víctimas y ejemplifica este apartado con el “perdón” solicitado por el Ejecutivo vasco. “Debimos reaccionar antes y hacerlo mejor, y más unidos”, asumieron los responsables de Lakua en su momento.
El segundo pilar sobre el que se asienta Batera recoge el reconocimiento expresado recientemente por el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, en cuanto a que el final de ETA “no puede suponer pasar página sin crítica explícita sobre lo sucedido”. En este apartado se enmarcan las políticas de memoria salpicadas por la polémica al incluir entre sus beneficiarios a miembros de la banda terrorista que, a su vez, habían sido víctimas de la violencia de Estado. Para evitar cualquier duda al respecto, el Ejecutivo hace especial hincapié en que estos reconocimientos implican reconocer que toda forma de violencia o terrorismo, “y por tanto la violencia y terrorismo de ETA” -especifica- “fue una injusticia”.
El tercer principio recuerda los derechos de las víctimas basados en la verdad, justicia y reparación, con independencia del signo de la violencia sufrida para evitar la discriminación de las víctimas.
Sobre este suelo común, en las próximas semanas el Gobierno vasco detallará las especificidades de Batera y la forma en la que avanza en sus objetivos, según adelantó ayer el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka. También ligado con la realidad de las víctimas, el Consejo aprobó ayer las ayudas de este año a las asociaciones de víctimas del terrorismo, un total de 260.000 euros que serán gestionados por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.
Las destinatarias de estas ayudas serán las organizaciones que desempeñan su actividad en la CAV o fuera, pero con víctimas de atentados que tuvieron lugar en suelo vasco.
