bilbao - Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, ingresó ayer de nuevo en prisión en medio del desencuentro patente entre un sector de los jueces y el poder político representado por el PP. Un conflicto que está motivado por las excarcelaciones de presos de ETA en virtud del convenio marco europeo que permite descontar a los reclusos los años de cárcel cumplidos en otro Estado de la UE. Al mismo tiempo que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenaba el ingreso en prisión de Potros por su presunta implicación en dos atentados cometidos en 1986 y 1987, los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de este tribunal, Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez, que fueron quienes acordaron la libertad del exdirigente de ETA el pasado 4 de diciembre, presentaban un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el mismo acusan a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender “perturbar su independencia” al insinuar que eran “jueces injustos y prevaricadores”.
Andreu acordó el ingreso en prisión de Santiago Arrospide, que se negó a declarar, por dos causas pendientes: el intento de asesinato de quien fuera fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, en 1986, y un atentando acaecido en Barcelona en 1987 cuando ETA colocó un coche bomba al paso de un vehículo de la Guardia Civil, lo que provocó la muerte de un viandante, Juan Fructuoso.
Según el juez, Arrospide era entonces el jefe de los comandos de ETA y ordenó los dos atentados. Justifica su ingreso en prisión porque considera que hay un elevado riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas que podrían llegar a imponerse en un inminente juicio, lo que justifica según su parecer que esta medida sea “absolutamente necesaria”. Además, señala que “ETA cuenta con activos personales y medios suficientes para provocar la huida y ocultación de sus miembros”.
En 1993 y 1997, la Audiencia Nacional pidió a Francia la extradición de Santi Potros por estas mismas causas, petición que fue denegada por la justicia gala. Su detención el lunes, 45 días después de su excarcelación, ha sido posible gracias a un convenio europeo de extradición datado en 1957 que permitía su arresto al cumplirse ese plazo, 45 días, sin que hubiera abandonado el Estado español.
Tras la decisión del juez Andreu, Sortu emitió un comunicado en el que señalaba que el ingreso en prisión del exdirigente de ETA tiene como fin “contentar a los sectores más ultras” de las asociaciones de víctimas. A juicio de la izquierda abertzale, “el encarcelamiento por su supuesta implicación en hechos de hace 28 años deja en evidencia que estamos ante un fraude de ley encubierto mediante la fabricación de un traje a medida punitivo”.
Sin embargo, para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta decisión viene a demostrar que el sistema funciona, por lo que desvinculó el dictamen del juez de “una estrategia del Gobierno para hacer esto o aquello”. Negó que con este fallo se pretenda una reconciliación entre el Ejecutivo del PP y los colectivos de víctimas, una relación deteriorada por la liberación en su día de Iosu Uribetxebarria o la excarcelación de presos a los que se les había aplicado la doctrina Parot.
Queja judicial Al tiempo que Santiago Arrospide iba camino de prisión, los tres jueces que le pusieron en libertad el pasado mes de diciembre -Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez- solicitaban amparo al CGJP por las injerencias de altos cargos del Gobierno español y del PP, en concreto por parte de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
En su escrito, los magistrados de la Audiencia Nacional aseguran que “un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos”. Tras la excarcelación simultánea de Arrospide y de Alberto Plazaola, Sáenz de Santamaría aseguró que el criterio adoptado por la Sección Primera de la AN no tenía cabida en la ley. Fernández Díaz, por su parte, afirmó en una entrevista que la decisión de los jueces se tomó deliberadamente “con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley, sino a la voluntad de los que han tomado la decisión”. En pleno ataque al auto de los jueces, el portavoz popular en la Cámara Baja, Rafael Hernando, afirmó que “no se entiende que en la Audiencia Nacional haya una sección que esté a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas”.
Según los tres magistrados, el hecho de sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas es atribuirle la comisión de un delito de prevaricación. “Cuando la imputación se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento, se puede estar cuestionando la propia separación de poderes que se establece en garantía de la independencia judicial”, señalan. Por este motivo, en la solicitud de amparo al CGPJ afirman que “las reiteradas imputaciones que proceden de autoridades de las instituciones del Estado perturban la independencia necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado atendiendo exclusivamente a la Constitución y la ley”.
