Lakua planteará recortar los gastos electorales de los partidos por la crisis

bilbao. El Gobierno vasco quiere aprovechar la próxima reforma de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco para recortar los gastos de los partidos políticos en precampaña y campaña y ajustarlos a la actual situación de crisis económica. La idea consiste en reducir un 15% el máximo legal de gastos electorales y restringir a máximo la propaganda en precampaña.

El Ejecutivo liderado por Urkullu trabaja desde hace meses en la redacción y tramitación interna de la reforma de una norma que fue aprobada en 1990 y sometida posteriormente a cuatro modificaciones parciales en los años 1998, 2000, 2003 y 2005 para adaptarla a la realidad política y social, y adecuarla asimismo a los cambios habidos en la legislación básica. La reforma de la ley, la quinta desde su nacimiento, persigue ajustar su contenido a los cambios introducidos en los últimos años en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, diversas sentencias del Tribunal Constitucional que crean doctrina y las recomendaciones realizadas por la Junta Electoral.

El Gobierno vasco quiere, según la agencia Vasco Press, aprovechar también la ocasión para contener los gastos en que incurren los partidos para "vender" a sus candidatos y hacer propaganda entre sus potenciales votantes. Con este fin introduce varias disposiciones que obligarán a las formaciones políticas a ajustarse el cinturón en las próximas elecciones autonómicas.

La crisis afecta a familias y empresas, y según los nacionalistas, los partidos no pueden ser ajenos a esta realidad. "Es una cuestión de solidaridad ante la crisis", sostienen desde el Ejecutivo de Gasteiz consultadas por este diario.

La ley establece un límite del 20% al presupuesto de partidos y coaliciones para confeccionar sobres y papeletas, hacer propaganda y publicidad directa o indirecta, alquilar locales para actos electorales, contratar personal para la campaña, hacer frente a los intereses de créditos solicitados para ese periodo o gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos y dirigentes. Asimismo, prohíbe todo tipo de propaganda electoral en precampaña. Sin embargo, se les permite contabilizar como gasto electoral el generado por la elaboración de sondeos y encuestas en precampaña.

El límite de gasto ascendería en las próximas autonómicas a cerca de 1,5 millones de euros y la voluntad del Gobierno vasco, tal y como figura en el anteproyecto, es reducir esta cantidad en un 15% de forma transitoria "dada la situación actual de crisis económica". Esta medida se refuerza con la congelación de las subvenciones electorales que reciben los partidos por escaños y votos.

Los gastos deberán contenerse también por los nuevos límites que el texto contempla en el periodo que abarca desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña. Los partidos tendrán prohibido durante la precampaña insertar anuncios en medios de comunicación y colocar carteles en la vía pública aunque no pidan directamente el voto.

El anteproyecto prohíbe expresamente durante la precampaña electoral el reparto de llaveros, bolígrafos, mecheros, pins u cualquier otro material o producto que incluya el nombre o la foto de los candidatos o de los partidos políticos que concurren a los comicios.

mesa electoral La reforma traerá otras novedades como la posibilidad de que las personas entre 65 y 70 años entren en el sorteo para designar los miembros de las mesas electorales y puedan formar parte voluntariamente de las mismas. En estos momentos la edad máxima para participar en las mesas electorales es de 65 años y se quiere ampliar.

Otras novedades son la inclusión del embarazo a partir de los seis meses, el descanso maternal por prescripción médica y el periodo de lactancia como excusas legalmente reconocidas para quedar exonerada de ser miembro de una mesa electoral.

El Gobierno de Gasteiz concluyó la redacción del borrador el pasado mes de diciembre, dio por terminada hace dos semanas la fase de audiencia y consulta, y el anteproyecto está pendiente de recibir los informes y dictámenes preceptivos. Sus planes pasan por aprobar el proyecto en junio en Consejo de Gobierno y remitirlo el próximo mes de julio al Parlamento Vasco para su tramitación.