Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración como imputados desde hoy y hasta el miércoles a ocho empresarios de la construcción que aparecen como supuestos donantes de dinero al PP en los papeles manuscritos atribuidos al extesorero Luis Bárcenas, que reflejarían una contabilidad B en el partido. Después de que nueve testigos declararan la semana pasada, hoy tendrán que comparecer ante el juez del caso Gürtel los empresarios Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; y el presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez.

Según los papeles de Bárcenas publicados por El País, García Pozuelo donó al PP 150.000 euros en varias partidas los años 2000, 2003, 2004 y 2006; Villar Mir aportó 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008; y Sánchez Domínguez un millón de euros en los ejercicios 2003, 2006 y 2008. Mañana están citados el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; Manuel Contreras, del grupo de empresas Azvi SL, y Juan Manuel Fernández, de Aldesa Construcciones. Los manuscritos reflejan que el primero donó 180.000 euros en dos partidas repartidas en los años 2004 y 2006, y Contreras 858.000 euros de 2003 a 2008.

El juez también ha citado para mañana como imputado a José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción y hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Según los papeles investigados, el empresario donó 165.000 euros en 2008. El miércoles están citados a declarar Antonio Vilella, del grupo Rubau -que habría donado 500.000 euros en 2004-, y finalmente el considerado número dos del caso Gürtel, Pablo Crespo.

Estas citaciones responden a la querella presentada por IU en la Audiencia Nacional en la que pedía que se investigara a los directivos de las empresas que, según los papeles de Bárcenas, hicieron pagos al PP entre 2003 y 2008. La Policía concluyó en un informe que las constructoras que aparecen como donantes fueron adjudicatarias de contratos públicos por un importe de más de 12.330 millones de euros por parte de administraciones gobernadas por este partido.

Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) remitido al juez Ruz, las constructoras recibieron esas adjudicaciones de obra pública entre 2002 y 2012. Este escrito detalla la existencia de "19 donantes identificados", entre los que se encuentran los imputados. De ellos, 16 habrían realizado aportaciones que en 21 ocasiones fueron superiores al límite legal de 60.000 euros contemplado hasta 2007 por la Ley de Financiación de Partidos Políticos.