bilbao. Pese a estar en boca de muchos dirigentes del PSOE como seguro sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba como futuro candidato socialista a La Moncloa e, incluso, como líder de la formación, Patxi López sigue echando balones fuera. Ayer, el secretario general del PSE volvió a hacer caso omiso al creciente número de voces que le sitúan en Madrid y manifestó que no es "el candidato de nadie porque no hay candidaturas a nada". "Yo estoy en la Comisión Ejecutiva Federal y tengo, entre mis vocaciones, ayudar al conjunto del PSOE, pero mi papel está aquí", sentenció una vez más, no sin antes exigir que acaben las "intrigas palaciegas" en su formación.
López contestó así a preguntas de los periodistas, después de que este fin de semana Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, que se viene manifestando a favor a sustituir a Rubalcaba, señalara al secretario general del PSE como "uno de los mejores partidos" para reemplazar al cuestionado dirigente socialista. La prensa madrileña se sigue haciendo eco del predicamento que tiene López entre algunos barones socialistas, como el propio Gómez, José Antonio Griñán o Manuel Chaves. No solo se le promociona como delfín de Rubalcaba, a quien el dirigente vasco siempre ha sido leal, sino que se especula con que podría ser un candidato de consenso en caso de que el secretario general del PSOE no logre desactivar a Carme Chacón.
Y es que la sucesión de contratiempos sufridos por el PSOE en el último mes está provocando que Rubalcaba pierda a chorros autoridad dentro de su partido. La moción de censura en Ponferrada con el apoyo de un condenado por acoso sexual culminó un mes horribilis, con la posible imputación de José Blanco por el caso Campeón, las discrepancias con el PSC o las primarias para elegir nuevo secretario general en Galicia. Rubalcaba ha convocado para este jueves a la Ejecutiva, en la que podría reforzarse el papel coordinador de la vicesecretaria general, Elena Valenciano.
En todo caso, el líder del PSOE anunció ayer que, con los cambios que introduzca, pretende "impedir que un error como el de Ponferrada se vuelva a producir".
