bilbao. La mayoría absoluta con la que goza el PP en el Congreso de los diputados -185 de 350 escaños- permitirá al Gobierno español modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) sin necesidad de contar con el apoyo de alguno del resto de grupos parlamentarios.

De acuerdo con la Constitución española vigente, las normas legales emanadas directamente del poder legislativo asumen la forma de leyes orgánicas o de leyes ordinarias, diferenciándose fundamentalmente entre ambas porque las primeras, por imperativo del artículo 81.2 de la Constitución, requieren ser aprobadas, modificadas o derogadas por "mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (la mitad más uno del número total de diputados, con independencia del número contrato de los presentes en la sesión), mientras que las leyes ordinarias requieren sólo mayoría simple de votos de los presentes en la sesión respectiva de ambas Cámaras". En este caso, al tratarse de la modificación de una Ley orgánica, el PP necesita de una mayoría absoluta, que ya dispone, para proceder a su modificación.

Sin embargo, históricamente la promulgación o modificación de las leyes orgánicas siempre se ha realizado con el consenso de los grupos parlamentarios. De este modo, el ministro del Interior del Gobierno español, Jorge Fernández Díaz, aseguró el pasado miércoles, cuando dio a conocer el proyecto de reforma de la LOREG, que su intención era abrir conversaciones con los gobiernos vasco y y navarro, además del resto de grupos parlamentarios con representación en el Congreso, a excepción de Amaiur, para contar con el mayor respaldo posible.

Sin embargo, y tal como aseguraron ayer tanto el presidente del Bizkaia Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar; y el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de Madrid, el PP no se ha dirigido a la formación jeltzale para hacerle llegar sus intenciones de modificar la ley con el fin de posibilitar el voto de los 'exiliados' a causa de ETA tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa.

Jorge Fernández Díaz aseguró que aunque podrían llevar a cabo la modificación de la ley, no lo harán hasta haber negociado con los partidos políticos. Sea como fuere, lo que está claro es que está modificación en el censo no afectará a los próximos comicios autonómicos vascos, independientemente de que se celebren en marzo de 2012 o el próximo otoño.