Los condenados por el GAL no deberán pedir perdón

Bilbao. El Gobierno español contestó ayer a Amaiur que a los condenados por los crímenes de los GAL -como el secuestro de Segundo Marey o el asesinato de Lasa y Zabala- no se les podría aplicar la exigencia de pedir perdón e indemnizar a las víctimas que ahora se tiene en cuenta al aplicar beneficios penitenciarios a presos de ETA. El Ejecutivo de Mariano Rajoy justificó esta afirmación en que aquellos no fueron condenados por pertenencia a banda armada y porque, a diferencia de los miembros de ETA, nunca se mostraron orgullosos de formar parte de una organización terrorista.

El diputado de la coalición soberanista Sabino Cuadra había pedido cuentas al Gobierno por los periodos efectivos de cumplimiento de las penas impuestas a los responsables del secuestro de Segundo Marey y del asesinato de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, hechos sucedidos en 1983 y cometidos por los GAL, y si llegaron a indemnizar a las víctimas y reconocieron el daño causado.

En su respuesta, el Ejecutivo popular señala que en las sentencias de los casos Marey (1998) y Lasa y Zabala (2001) se impusieron condenas de entre cinco y 30 años de privación de libertad, sin que "aparezcan referencias a que las personas citadas formaran parte o integraran una o más organizaciones terroristas, razón por la que, aun en el supuesto de haber estado vigente la legislación mencionada, no habría sido de aplicación".

El Ejecutivo del PP recalca que, a diferencia de los presos de ETA, los condenados por esos crímenes -entre ellos, el exministro José Barrionuevo, el exsecretario de Estado Rafael Vera o el exgeneral Enrique Rodríguez Galindo- nunca presumieron de formar parte de una banda terrorista.