Arduo camino a la paz

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RECONOCIMIENTO a las víctimas, legalización de Sortu y revisión de la denominada doctrina Parot. Estos son tres de los vértices sobre los que, en un futuro más o menos próximo, deberá pivotar el denominado proceso de normalización y pacificación de Euskadi. Y todo ello, en una coyuntura política marcada por el anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada, el buen resultado obtenido por Amaiur en las urnas -reforzada la coalición por la decisión adoptada por la banda- y el triunfo a nivel del Estado español del PP, lo que permitirá a Mariano Rajoy gobernar durante la próxima legislatura con mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado.

Tras la decisión de ETA de abandonar de forma definitiva su actividad armada, el reconocimiento a las víctimas es uno de los ejes fundamentales de cara al futuro, algo que se deberá poner sobre la mesa más pronto que tarde. En la entrevista que dio la dirección de la banda a Gara el pasado 11 de noviembre, los dos portavoces de la organización aseguraron que eran conscientes de que sus acciones habían causado sufrimiento, ante el que no era insensibles, pero dejaban claro que "en este tema existe una gran utilización política y manipulación. La principal víctima del conflicto es Euskal Herria, un pueblo que han pretendido hacer desaparecer y que ha sido continuamente agredido. Las principales víctimas han sido las vascas y los vascos".

La sociedad, sin embargo, exige este reconocimiento del dolor causado por la banda y, en este sentido, la izquierda abertzale ha asegurado en boca de destacados dirigentes que "sabrá estar a la altura de las circunstancias". El pasado 10 de noviembre, Día de la Memoria, quedó patente la desunión política existente en este tema, pero, a su vez, permitió ver al diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, asistir por primera vez a un acto de reconocimiento a las víctimas. Eso sí, el representante de Bildu no se salió del discurso recurrente de la coalición por el que se exige que ese reconocimiento a las víctimas sea global, "no solo a las causadas por ETA".

Según ha podido saber este diario, la izquierda abertzale está preparando una declaración en la que quedará patente este reconocimiento a las víctimas, también a las causadas por ETA. Para ello, dirigentes de esta sensibilidad política están en contacto con una fundación noruega experta en resolución de conflictos, que asesora a la izquierda abertzale en los pasos a dar para que la declaración que realice sea nítida y no lleve a equívocos.

nuevo partido Otro de los aspectos a abordar en el proceso de normalización hace referencia a la legalización de Sortu. El hecho de que tanto en las elecciones municipales del mes de mayo como en los pasados comicios generales la izquierda abertzale tradicional haya tomado parte en ambas citas, en la primera como integrante de Bildu y el pasado día 20 bajo el paraguas de Amaiur, no significa que esta sensibilidad política no tenga como fin último contar con una cobertura legal que le permitiera, si así lo consideraba oportuno, comparecer en solitario en próximos comicios, especialmente al Parlamento Vasco. De producirse esta posibilidad quedaría la incógnita de saber el papel que jugarían entonces EA, Alternatiba y Aralar, que han acompañado a la izquierda abertzale en la cita con las urnas de hace una semana.

La cobertura legal para la izquierda abertzale se llama Sortu, un partido que se encuentra al albur de lo que decida el Tribunal Constitucional. Sortu solicitó su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior el pasado 9 de febrero. Entre los promotores de la nueva formación se encontraban Sonia Respaldiza, Rakel Jausoro, Iñaki Zabaleta y Maider Etxebarria. Zabaleta, profesor de la UPV y destacado miembro de Herri Batasuna en la década de los 80, ejerció las labores de portavoz de la nueva formación, mientras que Maider Etxebarria, hija de José Ramón Etxebarria -otrora destacado dirigente de la izquierda abertzale-, era nombrada secretaria de la nueva formación.

Sin embargo, el recorrido legal de Sortu quedó estancado el 23 de marzo cuando la Sala del 61 del Supremo acordó denegar su inscripción al considerar que su pretensión era "la continuación de las actividades de la ilegal Batasuna". Ante esta resolución, los promotores presentaron en mayo un recurso ante el Constitucional, recurso que fue admitido a trámite el pasado 20 junio. Ante la imposibilidad de acudir a los comicios municipales, la mirada se dirigió a las elecciones generales, para lo que los abogados de la nueva marca de la izquierda abertzale instaron al Constitucional que se pronunciara a tiempo. Sin embargo, el caso Sortu sigue aún sobre la mesa. La persistencia de ETA, por lo menos hasta el 20 de octubre, era una de las claves por las que el alto tribunal no abordó las demandas de legalización de Sortu. Al igual que una pescadilla que se muerde la cola, desde diferentes instancias del Estado se exigía el final de la banda armada como condición sine qua non para dar pasos encaminados a la resolución del conflicto, pasos entre los que cabe pensar que se encuentra la legalización de Sortu. Mientras, desde el otro lado de la balanza se pedía asimismo que el Estado dejara de mantener una posición de enroque continuado.

'doctrina parot' El 20 de octubre es una de las fechas clave sobre la que se mueve todo el engranaje de la pacificación y normalización política de Euskadi. Aquel día, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. En un comunicado de apenas 25 líneas aseguraba que echaba el cierre a 52 años de historia. Bien es cierto, sin embargo, que ni el comunicado ni en la posterior entrevista al rotativo guipuzcoano, se anunciaba la decisión de disolverse. Lo que sí señalaba la organización armada era su intención de abordar con el Estado las consecuencias del conflicto, tomando como tal el desarme y la situación de los presos.

Además, ETA exigía la derogación de la denominada doctrina Parot, por la que se establece que el descuento de los beneficios penitenciarios se debe hacer sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años. Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen sobre la mesa el recurso presentado por 28 presos, 24 de ellos pertenecientes a ETA, contra la aplicación de esta medida. En julio de este año, el Alto Tribunal debía examinar los 16 primeros casos de esta especie de cadena perpetua encubierta, entre ellos el de Iñaki Gaztañaga Bidaurreta, primero al que se le aplicó la doctrina Parot después del propio Unai Parot. Gaztañaga iba a ser excarcelado en marzo de 2008, pero en aplicación de la nueva medida penitenciaria saldrá de la cárcel en marzo de 2018. Sin embargo, el pleno del Constitucional alegó "demasiada complejidad" en el tema, por lo que lo aplazó hasta septiembre. Sin embargo, todavía no se ha tratado ninguno de los recursos presentados ante los tribunales.

En la actualidad hay alrededor de medio centenar de reclusos de la organización armada a los que se les ha aplicado la doctrina Parot. Además del propio Parot y Gaztañaga Bidaurreta, se ha aplicado a otros históricos miembros de la banda como Txomin Troitiño, Isidro Garalde, Mamarru, Inés del Río o José Antonio López Ruiz, Kubati.