bilbao. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la absolución del juez Baltasar Garzón en el caso que se sigue contra el magistrado por ordenar las escuchas de las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El Supremo entiende que el juez dejó a salvo el "derecho de defensa" y que el contenido de las grabaciones no fue utilizado por el juez "para dirigir o variar la investigación".
En el escrito de conclusiones remitido a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que debe juzgar al magistrado, la fiscal Pilar Fernández-Valcarce mantiene que los letrados cuyas conversaciones fueron grabadas "conocieron tal circunstancia" y que la orden de realizar las escuchas se llevó a cabo "previniendo el derecho de defensa".
Según la Fiscalía, tampoco consta acreditado que el contenido de aquellas grabaciones fuera utilizado por Garzón para "dirigir o variar" la investigación sobre la trama de corrupción, liderada por los dos reclusos a quienes se les intervinieron las comunicaciones, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La fiscal recuerda además que el lápiz de memoria -o pen drive- al que se refieren los investigados en una de las conversaciones grabadas y que aportaba valiosa información sobre la estructura y los pagos de la red, fue intervenido con anterioridad a las escuchas.
apertura del juicio El pasado 11 de abril, el Tribunal Supremo ordenó la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones entre los imputados de la trama Gürtel y sus abogados por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
En el auto, el magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, argumenta que el juez "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales", y añade además que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", argumenta el juez Barreiro.
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el caso Gürtel al empresario José Luis Ulibarri. No obstante, posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, que aún permanecen en prisión.
De esta forma, el letrado Ignacio Peláez solicita para Garzón una sanción de diez años de inhabilitación, mientras que la defensa de Correa pide que sea apartado de su profesión durante un periodo de diecisiete años.
Sin embargo, a día de hoy, la Fiscalía que encabeza Pilar Fernández-Valcarce no considera admisibles estas acusaciones y se inclina por la absolución del juez Garzón. La fiscal, además de entender que Garzón quiso dejar a salvo el derecho de defensa de los presos y que no interfirió en la investigación cuando llevó a cabo las escuchas del caso Gürtel, precisa que el pen drive intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo, al que hacen referencia algunos cabecillas y sus abogados en las conversaciones, fue intervenido antes de ordenarse las grabaciones. El escrito de la Fiscalía propone como prueba las conversaciones íntegras, incluidas las que hayan sido expurgadas, y concluye solicitando la libre absolución para Garzón.
