El tribunal da la razón a las víctimas del Yak-42

BILBAO. A pesar de que en su momento no fueran esclarecidas las responsabilidades políticas, y a pesar de que durante el juicio de ayer las indemnizaciones establecidas se encontraran a gran distancia de las reivindicadas, los familiares de los 62 militares españoles muertos en el vuelo del Yak-42 tuvieron motivos para felicitarse durante la pasada jornada. Los tribunales les dieron la razón. Por segunda vez consecutiva. La compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines, la contratista Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint Stock Insurance deberán pagar 6.125.500 euros a los allegados de los fallecidos en concepto de indemnización por el accidente del Yakolev-42 del 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), cuando cubría el trayecto desde Afganistán hacia el Estado español para trasladar a los miembros del Ejército.

Así lo decidió ayer el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza en una sentencia de cerca de cien folios, tras la celebración de un juicio civil del 1 al 4 de febrero de este año que se ha saldado con una decisión similar a la que se tomó en la anterior vista, que resultó sin embargo anulada por motivos de forma, y que obligó a celebrar esta segunda cita. En esa primera vista civil, desarrollada en febrero de 2006, las empresas fueron condenadas a abonar diez millones de euros a las familias -la disminución del monto estipulado en virtud de la sentencia de ayer obedecería a que las familias ya habrían percibido algunas cantidades-. No obstante, la cita resultó anulada al entender Chapman Freeborn que no había sido correctamente emplazada al juicio.

En esta ocasión, la decisión sí entrará en vigor, si bien puede ser recurrida, algo que incluso las propias familias de los militares podrían hacer, ya que la indemnización se encuentra lejos de los 62 millones que exigen. Uno de sus abogados, Javier Hernández, aseguró ayer a Europa Press que "habrá que estudiar" la posibilidad.

No obstante, la sentencia sí muestra connivencia con otras peticiones de los familiares. Y lo hace tras el desarrollo de un caso envuelto en polémicas como los errores intencionados o no en la identificación de los cadáveres -las condenas de la Audiencia Nacional al general Vicente Navarro, el capitán Miguel Sáez y el comandante José Ramírez serán revisadas por el Supremo la próxima semana-, la puesta en duda de que algunos familiares fueran verdaderamente allegados de los militares, la petición de responsabilidades políticas -en la persona del ex ministro de Defensa Federico Trillo- que se saldó con las condenas a subordinados, o el debate sobre la naturaleza civil o militar del vuelo.

"TEMERARIOS Y NEGLIGENTES" Un debate, este último, no exento de enjundia, si se tiene en cuenta que la condición civil del vuelo es la que obliga a las compañías a responsabilizarse de indemnizar a las familias. La diferencia se fundamentaría en que los militares españoles regresaban de su misión y no se encaminaban a ella, del mismo modo en que los pilotos no pertenecían al Ejército. Finalmente, las empresas reconocieron que el vuelo era civil, al tiempo que la sentencia atribuye a un fallo humano lo sucedido. Un vuelo caracterizado por equipos obsoletos que no habrían sido revisados por las compañías antes del viaje -la sentencia, además, habla de maniobras "temerarias" y "gravemente negligentes"-.

El abogado de las familias mostró ayer su satisfacción por que la sentencia estime en parte su demanda, al tiempo que uno de los afectados, Juan Antonio Gracia, declaró a Europa Press que su valoración es "positiva". "Por segunda vez nos vuelven a dar la razón. Dos jueces distintos nos dan la razón en cuanto a que hubo negligencias en el vuelo", zanja.