EL Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, llamado ómnibus por la miscelánea de materias que regula, ha provocado un efecto más propio del realismo mágico que del parlamentarismo.
La primera circunstancia que llama la atención es que, como en los procesos electorales, todos los partidos afirman haber ganado. La cuestión a dilucidar es quién ha ganado la batalla del RDL y su próxima aprobación definitiva. Unos afirman que han obligado a trocearlo dividiendo la totalidad de las materias que conforman el llamado escudo social de otras que por su carácter tributario o relativas al impacto contable del impuesto en los bancos, o las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente o la financiación autonómica tienen una naturaleza estrictamente económica.
No parece razonable atribuir la victoria parlamentaria a quienes votaron que no a la revalorización de las pensiones, a las bonificaciones para el transporte público, a las medidas para combatir empleos delicuenciales, a la protección de las familias vulnerables y su permanencia en la vivienda aunque para el próximo que se va a votar se introducen avales para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios. Los que votaron en contra de estas materias nunca podrán considerarse vencedores ni política ni mediáticamente, entre otras razones, porque menospreciaron la suerte de 9,3 millones de pensionistas por la humanitaria razón de provocar una derrota al gobierno y a los grupos que apoyaron la convalidación del RDL.
El Partido Popular poco puede presumir en materia de apoyo a las pensiones. Es el padre de las llamadas reformas paramétricas. En concreto, las reformas del 2011 hasta las más recientes del 2012 y 2013, estableciendo incrementos de las pensiones del 0.25% e instaurando el factor de sostenibilidad consistente en vincular la cuantía de la pensión al incremento de las expectativas de vida que como aumentan las pensiones disminuyen de forma proporcional. Al menos, hoy se vincula el crecimiento de las pensiones al IPC manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas que constituye un requerimiento constitucional.
La posición de Junts, a pesar de que es difícil interpretarla, se mueve en el permanente intento de coacción al bloque de la investidura provocado por desconocidos compromisos que solo el gobierno español y Junts conocen (conocemos uno, el traspaso de las competencias en materia de extranjería y la culminación de la ley de amnistía está vinculada al puro arbitrismo judicial).
La posición de Vox se basa en su política de trinchera contra el gobierno socialista y Sumar. Analizando este alienamiento se puede observar lo ocurrido con una de las materias que se regulaban en el RDL, la reintegración del que se ha venido en llamar palacete de la avenida Marceau.
EAJ-PNV ha demostrado documentalmente las transferencias que se hicieron para adquirir lo que no constituye un palacete sino un edificio con otros contiguos. Esta adquisición tenía fecha de 12 de septiembre de 1936, es decir, un mes antes de que se aprobara el Estatuto vasco y cuando aún no se había constituido el Gobierno de Aguirre. El edificio, entonces, no lo habría pagado la autoridad autónoma vasca sino el propio PNV. Todo ello estaría recogido en una investigación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre la titularidad del inmueble parisino.
Lo anterior no solo lo acredita el PNV sino un voluminoso dictamen de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda y Función Pública y otro dictamen de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El PNV ya reclamó el inmueble en el año 2001 y en el 2003 el Tribunal Supremo estimó que el inmueble no era un bien que sufriese incautación en virtud de las normas de responsabilidades políticas entre 1936 y 1939. Afortunadamente la Ley de Memoria Democrática en su Disposición Adicional novena afirma que los Acuerdos de Bérard-Jordana se basaron en la situación de ventaja de los aliados alemanes e italianos para ganar terreno en su reivindicación de incautación de bienes inmuebles.
Efectivamente sucedió como se ha indicado, el inmueble fue tomado por la Gestapo, entregado al gobierno franquista en virtud de los acuerdos citados anteriormente contradiciendo la Ley de Memoria Democrática por lo cual procede su devolución a su legítimo titular.
Oyendo en el debate a este turbio personaje llamado Tellado da la impresión que se legitimaba nada menos que la actuación de la Gestapo, oyendo a los portavoces de Vox directamente se legitimaba la actuación de la Gestapo y el RDL ómnibus se concentró en esta atrofia democrática olvidando a los pensionistas, a los usuarios del transporte público, a los afectados por la dana, a los afectados por el volcán de Palma y todos los demás colectivos objeto de protección en el denominado escudo social.
Pedro Sánchez, al explicar el RDL troceado, comentó que, usando el símil futbolístico, que en su legislatura se gana partido a partido y así va discurriendo esta legislatura. Este partido lo ha ganado él y quienes apoyaron la convalidación del primer RDL porque mediáticamente no son comparables las medidas de revalorización de las pensiones, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios afectados por la Dana, las ayudas al transporte público gratuito, las ayudas a los afectados por el volcán de Palma y las ayudas en materia de vivienda. Todas estas saldrán en el próximo RDL y estas son las que confieren reputación y aceptación social.
Las troceadas, medidas tributarias, ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a los bancos, la perpetuación de los incentivos para la financiación autonómica no solo son medidas con escaso impacto mediático, salvo para expertos y afectados, sino que mejoran la configuración sistemática del RDL ya que prácticamente todas deben ser objeto de negociación singular.
Por eso hablamos de resiliencia. No es del todo descartable que este gobierno en algún momento se encuentre con obstáculos insuperables, pocos porque la alternativa PP-Vox remueve incluso los que plantean los partidos menos cómodos en el bloque de la gobernabilidad. El “Partido a partido” posee un cierto elemento de incertidumbre porque siempre hay partidos que se pueden perder (aunque alguno lo gana con ayudas arbitrales) pero partido a partido también se han ganado ligas, al menos en el fútbol.
Jurista
