Tribuna abierta

Los dueños de la colina

No deberíamos hacer una lectura reduccionista del asalto al Capitolio sin reparar en una situación de 'statu quo' previo que ha distanciado la práctica de la política de amplias capas sociales de la población de Estados Unidos. Hacer política en ese país es una inversión millonaria que no está al alcance de cualquiera y facilita la influencia de los más poderosos

26.01.2021 | 01:00
Los dueños de la colina

INTERPRETAR que no hay conexión entre el asalto a la colina del parlamento americano y lo que muchos perciben que sucede dentro del Capitolio sería engañoso. Aunque los asaltantes representan a una minoría y su distorsión cognitiva o afán supremacista les impulsa a creer en una realidad alternativa, capaz incluso de negar sin pruebas la validez de unas elecciones cuyo resultado no coincide con sus deseos, el grotesco asalto al Capitolio, también expresa una cultura política que desconfía del sistema de representación. El trumpismo, más allá del personaje, resultaría inimaginable si previamente no hubiera existido un malestar profundo hacia el establishment: la élite política, económica y mediática que gestiona y se beneficia de la democracia americana y de su poder global. No debiera obviarse que EE.UU. tiene más de 800 bases militares en 75 países y una voluntad de dominio sin parangón. Aunque la influencia de China se ha hecho cada vez mayor como potencia industrial y comercial, y Rusia ha recuperado influencia, en especial, como potencia militar y propagandística, la voluntad panóptica americana es incomparable. Hasta la fecha, China solo tiene una base en el exterior (Yibuti), y Rusia apenas media docena en todo el mundo.

El outsider Trump ha facilitado a los más ricos y a las grandes corporaciones la mayor reducción de impuestos de la historia, además de una desregulación laboral gigantesca. También ha beneficiado al complejo militar industrial con un presupuesto público de casi 700 mil millones de dólares. Asimismo, ha resultado ser un maná político para la derecha religiosa cristiana, que ha obtenido la nominación de más de dos centenares de jueces conservadores en los circuitos federales. De ahí la connivencia hasta el final del partido republicano para con sus excesos y fabulaciones. No es un dato banal que 138, es decir, la mayoría de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes, y siete senadores, arroparan la pretensión de Trump de no reconocer la validez de los resultados electorales. Si bien finalmente, 64 republicanos se sumaron a la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, y una mayoría de senadores republicanos, 45, también votaron en contra de objetar los resultados.

La influencia de las redes sociales ha facilitado durante años un liderazgo populista y carismático sostenido en una catarata de desinformación que ha puenteado a los grandes medios, mayoritariamente hostiles a Trump. Pero el manipulador discurso trumpista contra la élite política ha resultado ser receptivo. El hecho de que la Cámara de Representantes se renueve íntegramente, así como 1/3 del Senado, cada dos años, implica que se convoquen, según un sistema mayoritario, casi quinientas elecciones federales uninominales bianualmente; lo que supone un gasto descomunal para los candidatos, que además de ganar el escaño, suelen tener que competir previamente en elecciones primarias. En la práctica eso significa que, dentro de cada partido, así como frente a los adversarios del partido rival, darse a conocer, exaltar los méritos propios, y negar, criticar o ridiculizar los de los rivales, conlleva la necesidad de disponer continuamente de millones de dólares. Por ejemplo, en 2020 la campaña electoral, que incluyó las presidenciales, y la renovación de un tercio del Senado, además de la totalidad de la Cámara de Representantes, supuso un gasto de cerca de diez mil millones de dólares, es decir, casi el presupuesto anual del Gobierno vasco, o el doble del PIB de Montenegro.

Como los políticos americanos necesitan constantemente de fondos porque están siempre en campaña, la influencia de los donantes es enorme, cada vez mayor, y como dice el refrán quien paga elige la música. En 2010 en la célebre sentencia Citizens United, el Tribunal Supremo eliminó las restricciones a las donaciones políticas, de manera que los grandes donantes, básicamente las grandes corporaciones y los milmillonarios se han convertido en factores decisivos de la selección política. Salvo excepciones, la carrera política depende de contar con su apoyo, o al menos, no tenerlos en contra. La política es, en un sentido amplio, un gran negocio, y no es casualidad que en EE.UU. todos los senadores sean millonarios. También lo son buena parte de los miembros de la Cámara de Representantes, y muchos altos cargos de la Administración. Más que una democracia, EE.UU. es una oligarquía, donde los favores políticos se pagan también en diferido. Por ejemplo, tras dejar de ser la presidenta de la Reserva Federal en 2018, la próxima secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha llegado a cobrar 800.000 dólares por conferencia; más que los Clinton, aunque lejos del montante de los contratos editoriales de Obama.

Para el imaginario europeo, la Estatua de la Libertad siempre ha estado cercana al Capitolio, mientras que asociar libertad o democracia al Kremlin o con Tianamen ha sido sinónimo de adoctrinamiento totalitario. Sin embargo, bajo la cúpula del Capitolio, la ideología y los intereses del dinero siempre han sido prioritarios. Los tratados de comercio han avalado decenas de golpes de Estado, y siguen haciendo la vista gorda ante vulneraciones masivas de derechos fundamentales, algunas tan graves como los etnocidios del Tíbet o del pueblo Uigur, el régimen de apartheid israelí en Palestina, o la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Dar prioridad al dinero sobre la dignidad de las personas y los pueblos mientras retóricamente se habla de valores democráticos no es nada nuevo. En Europa tras la II GM no solo se trató de hacer las paces, la Guerra Fría y la amenaza comunista también propiciaron el desarrollo del proceso de integración. Se trataba, antes y ahora, de garantizar un entorno favorable de negocio y una hegemonía político-militar. Aunque poder vivir en la CEE fue sin duda mucho mejor que tener que hacerlo al otro lado del Muro, donde las dictaduras comunistas habían impuesto un modo de vida humillante, despojada de derechos esenciales, en la península ibérica el paraguas de la OTAN, facilitó a las dictaduras fascistas su particular reservoir totalitario. Eisenhower con los Pactos de Madrid de 1953 regaló al franquismo un bonus de más de veinte años, prolongando así una época oscura, especialmente para minorías nacionales como la vasca, aunque, para algunos asimilados y asimilacionistas, como Mayor Oreja, la dictadura supuso un tiempo de "extraordinaria placidez". Un momentazo de varias décadas que la (ultra) derecha española sigue añorando.

Aunque la globalización ha promovido la deslocalización y la precarización laboral, provocando una enorme crisis de empobrecimiento y de falta de expectativas, el etno-populismo trumpista no ha vuelto a hacer grande América, sino que ha agudizado una enorme fractura social agravada por la pandemia. La administración Biden cuyo equipo económico vuelve a dejarse en manos de Wall Street tendrá que hacer frente a una sociedad depauperada en un clima de enfrentamiento y división, donde millones de ciudadanos resentidos y fanatizados con formación y experiencia militar cuentan con un arsenal de cerca de 500 millones de armas.

* Profesor de Derecho Constitucional y Europeo de la UPV/EHU