Tribuna abierta

La nueva política lingüística en Iparralde

El deseo de llevar a cabo una política pública más ambiciosa a favor de la regeneración del euskera, la potenciación de la Oficina Pública de la Lengua Vasca (OPLV) junto con la colaboración reforzada con el Gobierno vasco lleva a avances significativas en la transmisión de la lengua vasca

03.02.2020 | 06:22

EL año 2004 marca un momento crucial en la política lingüística elaborada y posteriormente implementada en el País Vasco norte, en particular como consecuencia de la transformación de la Dirección de la Obra Pública, compuesta por el Estado francés, la Región Aquitania, el Departamento de los Pirineos Atlánticos y el Sindicato Intermunicipal de Apoyo a la Cultura Vasca, en la Oficina Pública de la Lengua Vasca (OPLV). Esto da cuenta de la voluntad de los poderes públicos de volver a un esquema más clásico en la gobernanza local con, por un lado, las administraciones públicas y, por otro, los actores asociativos reunidos en un Comité Consultivo, y de su deseo de llevar a cabo una política pública más ambiciosa a favor de la regeneración de la lengua vasca.

Esta política encuentra su origen en la realización de las primeras encuestas sociolingüísticas de cierta envergadura, especialmente las de 1991 y 1996, y de los diagnósticos cualitativos iniciales, en el marco de la prospectiva País Vasco 2010, que constan, a la vez, de una vertiente diagnóstica y de una vertiente prospectiva. Estos estudios han permitido una toma de conciencia de los actores locales, lo que ha desembocado en la elaboración, de manera concertada, del Esquema de Ordenación Lingüística que se compone de una serie de medidas concretas. Después de un periodo de negociación, llevado a cabo por el Consejo de Electos del País Vasco, con la ayuda del Consejo de Desarrollo del País Vasco, algunas de las medidas preconizadas han sido contractualizadas en el marco del Convenio Específico País Vasco 2001-2006 firmado en diciembre de 2000. Una de las medidas hace alusión a la creación del Consejo de la Lengua Vasca, lugar de encuentro entre los diferentes actores concernidos por esta problemática.

Ante la dificultad de hacer coexistir los actores asociativos e institucionales en el seno de una misma estructura, en un contexto de fuertes movilizaciones llevadas a cabo por la Plataforma Batera, que solicita, entre otras reivindicaciones, la cooficialidad de la lengua vasca, las autoridades deciden tomar de nuevo la iniciativa creando la OPLV. Esta nueva entidad tiene una doble misión: "concebir, definir y poner en marcha una política lingüística a favor de la lengua vasca"; y, movilizar los recursos financieros necesarios a su implementación. Esta nueva estructura, que toma la forma jurídica de una Agrupación de Interés Público, está compuesta por 12 miembros que representan, a partes iguales, a las cuatro instituciones previamente mencionadas; sabiendo que el Sindicato Intermunicipal de Apoyo a la Cultura Vasca es sustituida por la Comunidad de Aglomeración del País Vasco.

Dotada de un presupuesto anual de más de 4 millones de euros, la OPLV dispone de un Comité Consultivo compuesto por tres tipos de actores: 1) los actores del sistema educativo, entre los cuales figuran las organizaciones sindicales, los cuerpos de inspección, los asesores pedagógicos, las asociaciones de padres de alumnos, los organismos de formación y los universitarios; 2) los operarios de la acción lingüística de los que forman parte las asociaciones y los operarios públicos que intervienen en la promoción del euskera, tanto en los medios de comunicación, las actividades de ocio, la edición como el aprendizaje para adultos; y 3) las personas-recurso constituidas por los expertos e investigadores especializados en sociolingüística. Ese Comité, sin poder decisorio, aspira a "asociar los operarios no-institucionales a la puesta en marcha de la política pública" en materia lingüística.

La OPLV es encargada por las instituciones que componen su Consejo de Administración y su Asamblea General de elaborar una política de revitalización lingüística. Esa labor desemboca, en diciembre de 2006, en la confección de un Proyecto de Política Lingüística que fija las grandes orientaciones y los objetivos a alcanzar a corto y medio plazo, así como la estrategia a seguir y un programa operativo a aplicar que permita alcanzarlos; sin olvidar unos indicadores de seguimiento que faciliten su evaluación. Ese proyecto aspira a incrementar el número de locutores vascoparlantes perfectamente bilingües, concentrando sus esfuerzos en las nuevas generaciones. Para ello, pone énfasis en los tres factores que determinan el aprendizaje de una lengua; a saber: la motivación, el conocimiento y la práctica.

Esta política ha sido objeto de una doble evaluación interministerial, la primera en 2010 y la segunda seis años más tarde. Ambas llevan, entre otras dimensiones, a una potenciación de la capacidad de intervención de la OPLV, a una colaboración reforzada con el Gobierno vasco, a unos avances significativas en la transmisión de la lengua vasca a través de la enseñanza, a la consolidación de la competencia lingüística vía el desarrollo de la práctica, a una mejora de los recursos en lengua vasca, pero también a un Comité Consultivo que no ha conseguido encontrar su lugar en el dispositivo.

Dicha política lingüística empieza a dar sus frutos, de lo que da cuenta la última encuesta sociolingüística realizada en 2016. De hecho, en materia de competencia lingüística, aparece que el 20,5% de los habitantes de ese territorio de más de 16 años son vascoparlantes activos y que el 9,3% son vascoparlantes pasivos. Si en dos décadas el porcentaje de vascoparlantes ha bajado en 5,9 puntos, ese retroceso es únicamente del 0,9% durante los últimos cinco años. En cuanto a la transmisión familiar, el 21,7% de las personas interrogadas tienen el euskera como primera lengua. En este caso también, si la parte de aquellos que han recibido únicamente el euskera en el seno del hogar ha bajado de 10 puntos en dos décadas, las personas que han recibido el euskera y el francés no ha declinado en el último periodo. En lo que alude a la práctica, el 18,3% de los de más de 16 años utilizan el euskera en cierta medida. De manera análoga, si el porcentaje de aquellos que utilizan la lengua vasca ha bajado de 5 puntos a lo largo de los últimos veinte años, este retroceso tiende a atenuarse.

Si debe superar una serie de obstáculos, vinculados al marco jurídico actual o a las restricciones presupuestarias que no permiten "generalizar a todo el territorio la puesta en marcha de las políticas llevadas a cabo en los diferentes ámbitos e invertir nuevos campos de acción", esta política puede sacar provecho de oportunidades para afrontar unos desafíos mayores, tales como la definición de un nuevo Proyecto de Política Lingüística, la mejora de la organización de la OPLV, la reactivación de su Comité Consultivo, el incremento del número de profesionales bilingües o, en el ámbito estratégico de la enseñanza, la confección de un nuevo marco reglamentario para las escuelas asociativas laicas en lengua vasca, la generalización de las clases en inmersión en las enseñanzas pública y privada, o la garantía de la continuidad de los currículos escolares en euskera.