Tribuna abierta

Vergüenza y fracaso político

La sentencia es la evidencia palpable del fracaso de la política y de los políticos españoles para encontrar una solución política a un conflicto que es político. Y es también una severa advertencia para todos los demócratas porque los signos de regresión democrática son claros; desde hace un tiempo se han puesto en duda derechos fundamentales

09.02.2020 | 19:18

VERGONYA, vergüenza, shame, un lazo amarillo, la relación de los nombres con las nueve condenas de cárcel, todo sobre fondo negro, y el hashtag #LLIBERTATPRESOSPOLITICS es como expresaba Xavi Hernández en Instagram su indignación por la sentencia del 14 de octubre. También contundente un tuit de Santi Millán, "13... 12... 11... 10... 9... No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas". Y no son solo Xavi y Millán quienes se indignan por la deriva autoritaria y de judicialización de la política que está tomando esta "democracia consolidada" y este "Estado de Derecho de los más avanzados del mundo" que es el Reino de España según el presidente en funciones del gobierno español. A tenor de la sentencia, el reino va camino de dejar de ser una y otra cosa y también la "casa de todos" del vídeo promocional de ese mismo gobierno que pretende contrarrestar el efecto internacional del discurso independentista.

La sentencia ha provocado indignación entre gran parte de los ciudadanos de Catalunya, independentistas y no independentistas, pues se considera desproporcionada e injusta teniendo en cuenta lo que sucedió el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Ciertamente, el Tribunal Supremo no ha condenado por delito de rebelión y, en consecuencia, no cabe hablar de violencia generalizada ni de golpistas como han repetido hasta la saciedad el PP y Ciudadanos (y por supuesto Vox, que fue admitido como parte de la acusación cosa que debería ruborizar a quienes defienden el Estado de derecho en España), pero sin duda nadie va a pedir disculpas por los insultos y las falsas acusaciones reiteradas durante estos dos años por la derecha y la extrema derecha. Y, sin embargo, tal como han demostrado los testimonios en el juicio, sí que hubo violencia el 1 de octubre y fue protagonizada por los cuerpos de seguridad del Estado, según parece de forma coordinada y planificada.

Quizás Pedro Sánchez debería preguntarse por qué hay que realizar un vídeo promocional con la intervención de algunos de los ministros del gobierno para convencer a la opinión pública internacional de que España es el súmmum de la democracia y del Estado de derecho. Alguna cosa no encaja cuando se necesita pregonarlo a los cuatro vientos y en cuatro idiomas: inglés, francés, castellano y ruso. Pero, claro, algo va mal en un país que condena a una barbaridad de años de prisión a unos políticos -presos políticos, por supuesto- por facilitar el voto de los ciudadanos para que decidan libremente su futuro político. Desde luego, a la primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, no parece haberla convencido en absoluto el vídeo porque, refiriéndose a la sentencia, ha afirmado que "cualquier sistema político que lleva a un resultado tan terrible necesita un cambio urgente".

Pero, lamentablemente, más allá de cómo se posicione cada uno sobre el derecho de autodeterminación, no parece haber entre la clase política española suficiente clarividencia para ver que el problema es mucho más grave que estar a favor o en contra de la independencia de Catalunya, de Euskadi o de cualquier otro territorio que lo plantee. El problema de fondo es la concepción que se tiene de la democracia; la veneración obsesiva por el texto sagrado en que algunos han convertido la Constitución, olvidando cómo defendía Ernest Lluch hace veinte años en relación con el conflicto vasco que cabía una lectura flexible de la misma; y, sobre todo, la concepción excluyente y supremacista que tiene la derecha -y una parte de la izquierda- del nacionalismo español. Porque ese es el quid de la cuestión, la existencia de un nacionalismo -siempre negado, siempre oculto, pero perennemente presente- que excluye, niega, castiga y persigue cualquier manifestación diferencial. No, no es la "casa de todos" como afirma el gobierno, sino solo de algunos.

Pedro Sánchez se equivoca cuando dice que la sentencia pone un punto final a lo que ha denominado el fracaso del independentismo y del procés. Es justamente todo lo contrario. La sentencia es la evidencia palpable del fracaso de la política y de los políticos españoles para encontrar una solución política para un conflicto que es político. Y es también una severa advertencia para todos los demócratas porque los signos de regresión democrática son claros y desde hace un tiempo se han puesto en duda derechos fundamentales como los de manifestación, libertad de expresión (sin ir más lejos, se ha prohibido a la televisión pública catalana utilizar expresiones tales como "presos políticos", "exiliados"...). Lo que está sucediendo en Catalunya -pero no solo, también con el caso Altsasu, con la censura de la obra Presos políticos de Santiago Sierra en la feria Arco de Madrid de 2018, con la denuncia a raperos por las letras de sus canciones?- interpela a todos los demócratas porque, en última instancia, lo que está en juego son derechos fundamentales.

¿Queda alguna brizna de sensatez cuando se miden las consecuencias de la sentencia en términos de fracaso o derrota del adversario político? ¿Queda algún resquicio de esperanza de que por fin la política se imponga a la testosterona en la resolución de los conflictos políticos? ¿Hay suficiente lucidez para evaluar el grado de indignación que ha causado la sentencia en gran parte de los ciudadanos de Catalunya y de la magnitud de la respuesta que se está produciendo desde el pasado lunes? ¿Alguien es consciente del riesgo que se asume con el uso indiscriminado y desproporcionado de la violencia policial que provocadores o infiltrados aprovechan para desencadenar episodios de violencia y vandalismo generalizados? Pues no, parece que al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sólo le preocupa que los servicios de inteligencia españoles descubran quien dirige el movimiento Tsunami Democràtic a quien el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha puesto voz en los medios internacionales (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/pep-guardiola-demana-suport-a-la-comunitat-internacional-en-nom-de-tsunami-democratc/video/5937928/). Puede que las indagaciones de Grande Marlaska tengan más éxito que las de Juan Ignacio Zoido en su búsqueda de las urnas del 1-O, pero lo que es seguro es que el vídeo de Guardiola tendrá más recorrido (el día de su lanzamiento, coincidiendo con la publicación de la sentencia, el lunes 14 de octubre, fue difundido por la BBC y France Press) que el del gobierno.

El mismo movimiento Tsunami Democràtic, en un comunicado hecho público el día 16, asume como propia la divisa de Mahatma Gandhi "La no violencia es la fuerza más grande a disposición de la humanidad", denuncia "la brutalidad policial de estos días, completamente inaceptable y por la cual exigimos que se asuman responsabilidades políticas" y advierte de que "siempre hay que impedir, en cualquier acción, que alguien pueda promover la violencia o transformar la acción en actos violentos. Tsunami Democràtic solo impulsa acciones en el marco de la disciplina no violenta. La no violencia es la estrategia fundamental de nuestro movimiento, por convicción y por efectividad".

En definitiva, la situación es extremadamente delicada y la magnitud de la movilización tremenda, el nivel de indignación por una sentencia que se considera injusta, también. Sánchez debería estar a la altura de las circunstancias, desprenderse de los complejos de blando que le achacan PP y C's, superar su fracaso político en Cataluña y, tal como defendía en la oposición, emprender una vía de diálogo y negociación para solucionar un conflicto que amenaza con írseles de las manos a unos y a otros, en Madrid y en Barcelona.