Por qué no se puede bajar los impuestos

Sin embargo, hay una razón decisiva por la cual, por mucho que se empeñen estos adversarios de las decisiones colectivas, los impuestos no pueden bajar en España: porque la Comisión Europea no lo permite. Las decisiones estratégicas sobre equilibrio presupuestario forman parte de las responsabilidades que displicentemente han cedido los gobiernos de la Eurozona a los tecnócratas de Bruselas, en un acuerdo que obliga a reducir todos los años los gastos que se financian sin ingresos corrientes. Y la única forma de reducir los tipos fiscales, y por tanto la recaudación cuando no cubre todo el gasto corriente -y el desequilibrio es todavía de unos 30.000 millones de euros al año- es si hay un compromiso de reducción de gastos. ¿Qué gastos? Esta es la parte de la política de la derecha que nunca responden por anticipado.

En realidad, no hay mucho donde recortar sin hacerle un roto al bienestar de los españoles. El único gasto público que ha crecido en 2018 en relación al PIB respecto al año del inicio de la crisis, 2007, son las prestaciones sociales (un 4%). Así que será de ahí de donde se puede recortar, porque el peso de los consumos intermedios (es decir, los gastos en luz, papelería muebles, etcétera, necesarios para las actividades públicas) es el mismo que aquel año, los salarios públicos (ya saben, los impuestos que terminan en los bolsillos de los empleados públicos: bomberos, profesores, enfermeros, policías, jueces y demás) han aumentado menos de un punto del PIB y la inversión pública sigue siendo la pariente pobre: en 2018 y 2019 es 2,5 puntos del PIB menos que en 2007, pasando ligeramente de un raquítico 2%.

Los impuestos representan unos 250.000 millones de euros, y otros 140.000 millones las cotizaciones sociales. Así que una rebaja de impuestos, si quiere ser algo más que una broma, debe abarcar digamos un 10% de la recaudación por impuestos, unos 25.000 millones de euros. ¿Qué gasto se va a recortar por un importe equivalente? Una cifra que representa más que todo el gasto en seguridad y orden público, más del doble del gasto en protección medioambiental, dos veces y media el gasto en defensa, dos tercios del gasto en inversión y fomento empresarial, la mitad del gasto sanitario en ambulatorios y hospitales, cuatro veces el gasto en universidades?

Así que ya saben: solo se puede hacer una rebaja en los impuestos si se reducen los gastos. Y los únicos gastos con posibilidad real de ser reducidos son las prestaciones sociales (otra posibilidad sería privatizar el ejército y las cárceles, pero eso, por ahora, no forma parte del programa inmediato de las derechas, más adelante, ya veremos). Solamente desde el desprecio a las decisiones de gasto e inversión colectivas, a los bienes comunes y a los servicios públicos, se puede afirmar que una rebaja de impuestos sería beneficiosa para los ciudadanos.

Pero es que, además, la recaudación fiscal, casi un lustro desde que la recesión se dejó oficialmente atrás, todavía no se ha recuperado. En los años finales del boom especulativo, la recaudación fiscal alcanzó los máximos históricos; casi la cuarta parte de la renta se transfería a las administraciones públicas en forma de impuestos y uno de cada diez euros se transfería de los trabajadores ocupados a los trabajadores jubilados y en paro en forma de cotizaciones sociales. En los años siguientes se produjo una reducción considerable de la recaudación. No bajaron los impuestos, sino todo lo contrario, se subieron tipos impositivos, pero se dejó de pagar en muchos casos el IVA o el impuesto sobre la renta. Y no se puede decir que fueran muy bien las cosas en esos años.

Los ideólogos de las derechas se fijan en esos años para afirmar que si la subida de tipos hace bajar la recaudación, la bajada de tipos puede tener el efecto contrario. Un absurdo que no por más repetido se va a convertir en realidad, aunque sí forma parte de la posverdad del conservadurismo reaccionario y liberal hispano.

La recaudación tributaria comenzó a crecer con el final de la depresión en 2014. Pero a día de hoy la recaudación por IVA y otros impuestos sobre la producción y el consumo (impuestos indirectos) apenas ha alcanzado el nivel máximo de los años previos a la crisis. En 2005 y 2006 se recaudó el 12,5% del PIB por estos impuestos, mientras que en 2017 apenas llegó al 12%. Y el año pasado, y lo que va de este, el peso de la recaudación por este concepto ha caído al menos en medio punto del PIB; en términos consolidados, las administraciones han recaudado en 2018 unos 4.000 millones menos que el año previo por impuestos indirectos.

La gran diferencia entre unos periodos y otros la tenemos en los impuestos directos, los que gravan la renta de las personas y las empresas. En plena depresión de 2009, la recaudación por impuestos directos cayó en casi 40.000 millones de euros respecto a 2007. De ahí la desesperación del Gobierno Rajoy, que llevó a cabo la mayor subida de tipos que se recuerda en este país para intentar contener la hemorragia.

Si en 2015 ya se recaudaba más por impuestos al consumo que en 2007 (en términos absolutos, unos 3.000 millones más), los impuestos que gravan la renta todavía en 2018 recaudaban 20.000 millones menos que en 2007. Y esta diferencia se centra sobre todo en el impuesto sobre la renta de las sociedades, pues el IRPF, el impuesto sobre las personas físicas, ya recauda más que en los años previos a la gran recesión.

Por lo tanto, en España sí hay un problema de recaudación: muchas, muchísimas, empresas no pagan lo que deben, de acuerdo a la legislación tributaria, ni por sus ingresos reales ni por lo que deben cobrar a los consumidores por cuenta de la hacienda pública (IVA). Y no hay tanto un problema de tipos impositivos, pues estos son más o menos asimilables a los estándares europeos.

España necesita recaudar más impuestos, no menos, si quiere garantizar los servicios públicos, que son en su casi totalidad más baratos que los equivalentes (en calidad) servicios privados y por lo tanto sí suponen un ahorro para las familias. En todo caso, si hubiera que realizar una subida de tipos, no es tanto gravando más a “los ricos” como se va a garantizar un mayor ingreso fiscal, sino subiendo precisamente los tipos de los impuestos que afectan a toda la población (IVA) o a los que trabajan (cotización salarial de los empleados). Otra dimensión del asunto que tampoco parecen tomar en consideración los que critican las ocurrencias de las derechas neoliberales.* Profesor de Economía Aplicada UPV/EHU