LA dictadura dio sus primeros pasos allí donde había triunfado el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936 y en los territorios que los sublevados iban ocupando y se prolongó hasta por lo menos 1977. No acabó el 20 de noviembre de 1975 (fecha de la muerte de Francisco Franco) como tantas veces se da entender, quizá con el fin de proteger a una incipiente monarquía que, en aquellos momentos ni era democrático-constitucional ni tenía legitimidad dinástica.

No hay que olvidar, además, que hasta principios de 1977 no fueron legalizados los partidos (y no todos). En aquel momento, de los que siguen en activo solo estaba legalizada Alianza Popular (rebautizado luego como Partido Popular), surgida en octubre de 1976 acogiéndose a la Ley de Asociaciones franquista.La policía política (Brigada de Investigación Político-Social), por ejemplo, no fue disuelta hasta marzo de ese año y luego no dejó de actuar del todo. Aquella brigada policial se creó en 1940, entrenada por los nazis tras el acuerdo entre el conde de Mayalde y Heinrich Himmler. La colaboración siguió cuando llegó al ministerio de Gobernación Blas Pérez con implicación del entonces contralmirante Carrero Blanco, implicación que, desde responsabilidades superiores, no dejó hasta que fue eliminado por un comando de ETA en 1973. En aquella policía política, estuvieron, Melitón Manzanas, Billy el Niño, Amedo, Villarejo? Junto a la social, otros organismos como el Servicio Central de Documentación, creado por Carrero y dedicado asimismo a perseguir a opositores. Algo parecido ocurría con el Tribunal de Orden Público suprimido formalmente el 5 de enero de 1977, sustituido ese mismo día por la Audiencia Nacional, que nace todavía en dictadura.

Pero, ¿cuál sería la calificación de ese régimen de dictadura? Manuel Tuñón de Lara sostiene que “estamos ante un caso de fascismo”. Por su parte, Julio Arostegui, se refiere a esta dictadura como “una situación constante de ilegitimidad” y añade “el franquismo se constituyó como un aparato de poder basado en la continua limitación de las expresiones y demandas de la masa gobernada”. Cada vez que salíamos al mundo quedaba claro que para la mayoría de las gentes (y, por supuesto, medios, intelectuales y gobiernos) que vivían en países democráticos, Franco nunca dejó de ser un tirano autoritario con una detestable historia pronazi en la II Guerra Mundial.

Escribía Gabriel Jackson que “el hecho más horroroso (de la guerra civil) es que las ejecuciones y los asesinatos en represalia fueron la causa del mayor número de muertos con diferencia. En el bando republicano hubo unas 20.000 muertes de este tipo, la mayor parte durante los tres primeros meses de guerra. Los ‘nacionales’ liquidaron de 300.000 a 400.000 compatriotas suyos en el tiempo transcurrido entre julio de 1936 y el final de las ejecuciones masivas en 1944, matanza comparable a la represión de la comuna de París en 1871, a la represión nazi en Europa Oriental y en Yugoslavia, a la violencia en Colombia tras la muerte de José Elicer Gaitán en 1948, a la matanza de comunistas indonesios en 1965 y a la guerra civil de Nigeria”. Por su parte, Eduardo Guzmán resaltaba que “aún más estremecedor que el número de víctimas de este terror sea que no se trata de algo imprevisto protagonizado por un grupo de incontrolados e irresponsables dominados por la sed de venganza en el curso de una encarnizada y sangrienta pelea. Existen pruebas sobradas de que la barbarie es perfectamente preparada con autoridad al comienzo de la guerra y fríamente ejecutada a lo largo de años interminables”.

“El régimen se consolidó -resalta Jackson- en aproximadamente ocho años (1936-1944) de persecución política cuya falta de misericordia y de imaginación causan pavor. Fue como si los vencedores hubieran decidido expresamente no dejar que la mayoría de sus compatriotas llegue a reconciliarse con ellos”. Y es que la crueldad fue característica esencial de régimen del general Franco, y, claro, de sus sucesores inmediatos. Para Max Gallo “el silencio con que Europa envuelve a España es el que permite la represión”. Ese silencio no se rompió hasta los fusilamientos de antifranquistas del 27 de septiembre de 1975.

En Euskadi, la represión fue intensa e intensa y, desde luego, llegó mucho más allá de la represión física. Los conciertos económicos fueron abolidos en Bizkaia y Gipuzkoa. Se prohibieron símbolos democráticos como la ikurriña o la bandera republicana. Se prohibió el uso del término Euzkadi. En un primer momento se prohibió el euskera y, por supuesto, su enseñanza. Se prohibió la utilización de nombres vascos. Numerosos maestros fueron depurados, siendo sustituidos por falangistas o por gentes cuya única habilidad era su adhesión al régimen. Lo mismo ocurrió con centenares de funcionarios. Los diarios democráticos fueron clausurados y sus bienes incautados. La rapiña también alcanzó a bienes de partidos, sindicatos y personas. El caso de la familia Sota es paradigmático.

La represión física ejercida por el franquismo tuvo en Euskadi espacios y momentos. Por un lado, la ejercida allá donde triunfó el golpe. Es decir, en Araba y Navarra. Luego, en los territorios que iba ocupando los rebeldes. Es decir, Gipuzkoa y Bizkaia. En este último territorio, hay dos periodos: el procedente y el posterior al Pacto de Santoña. Es cierto, por otro lado, que la represión alcanzó a muchos vascos fuera de su territorio: marinos mercantes, funcionarios, comerciantes, soldados de quinta? Tras el final de la guerra mundial, la represión del régimen no cesó hasta 1977.

Característica esencial de la dictadura fue, junto a la represión, la corrupción. El historiador Paul Preston señalaba en una entrevista que “Franco utilizaba la corrupción para controlar a sus colaboradores”. Lo cierto es que la corrupción formó parte esencial del régimen de dictadura desde el minuto uno hasta el último. Euskadi no fue una excepción. Los franquistas vascos amasaron grandes fortunas y, por supuesto, los oligarcas de preguerra ampliaron las suyas.

A lo largo de ese cuarto de siglo, desde que Tuñón señalase el carácter fascista de la dictadura, Javier Alfaya y Nicolás Sartorius denunciaban que se había producido un doble proceso con un doble objetivo: “Por un lado, olvidar la dictadura, como si el conjunto de la sociedad española hubiese padecido un fenómeno de amnesia colectica sobre su más reciente pasado; por otro lado, rebajar todo lo posible el nivel de tiranía de aquel régimen y relativizar al máximo los efectos devastadores que tuvo para la sociedad española. Porque se ha confundido amnistía política con amnesia histórica, reconciliación con olvido. El efecto no ha podido ser más negativo. (?) Las expresiones de lo que decimos son muy claras. En primer lugar en el lenguaje, que es por donde se empiezan a perder las batallas de ideas, cuando se habla de régimen anterior, del periodo preconstitucional, o cuando se califica a la dictadura de gobierno autoritario; en la enseñanza, cuando en los libros de texto se explica a las nueva generaciones que el régimen anterior tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, como ocurre en todas partes, se está diciendo que fue un sistema como los demás, perfectamente homologable. El franquismo se transforma en un periodo normalizado de nuestra historia”. A todo lo anterior hay que sumar la postura de cierta derecha. Jaime Mayor Oreja, por ejemplo, no solo se refirió a la de la dictadura como situación “de extraordinaria placidez” (El País, 12-X-2007). El año anterior, la Eurocámara había condenado el franquismo con el apoyo de todos los portavoces... excepto Mayor Oreja, claro.Los nacionalistas vascos, como los demás, se enfrentaron, primero a un movimiento armado y, luego y durante cuatro décadas, a una dictadura fascista que fue encabezada desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975 por el general Francisco Franco y, desde entonces y hasta el 15 de junio de 1977, por Juan Carlos de Borbón, a título de rey, que no se convirtió en constitucional hasta el 27 de diciembre de 1978. Y es que, como recuerda Robert Graham, “la transición no se inició con la muerte de Franco”. Pero, el nacionalismo vasco hizo más, frente a la imposición de lo “simbólico social” franquista, creó y extendió su propio código más intenso y efectivo en muchos casos que el puro activismo y que explica su implantación en el siglo XXI.

Alicia Alted resalta que “exilio, resistencia, clandestinidad, represión? son términos que de forma conjunta definen una misma realidad, que, a su vez, forma parte inseparable de la propia historia del franquismo”. En este sentido, la resistencia está legitimada en la persistencia de una dictadura, incluida la resistencia armada. Uno puede oponer reparos morales, como hizo el PNV en varios documentos, pero la resistencia armada tuvo su justificación hasta 1977. El problema es que la persistencia de ETA militar a partir de ese año y hasta su disolución ha contribuido a desfigurar la realidad, convirtiendo a verdugos en víctimas, y a aceptar la aplicación del término “terrorista” a la resistencia armada y no a la propia dictadura.* Periodista