La necesaria transición energética para afrontar el cambio climático

tras más de seis meses de trabajo, hace escasos días se presentaba al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, señor Nadal, por parte del presidente de la Comisión de Expertos sobre transición energética, don Jorge Sanz, el informe final sobre la propuesta de escenarios para la transición energética.

Es necesario contextualizar el asunto para conseguir una mejor comprensión sobre Transición Energética y Cambio Climático. A finales de 2015, en París, se produjo un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático iniciado con la conferencia de Kioto muchos años antes. París fue el escenario de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), en la que se alcanzó un histórico acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global del planeta a menos de dos grados centígrados, lo cual ha conllevado la modificación de la agenda medioambiental de la comunidad internacional.

El esfuerzo a realizar para lograr una “descarbonización de la economía” además de importante e intenso, requiere de cambios en las estrategias y comportamientos por parte de todos los agentes -ciudadanos, actores económicos y gobiernos- así como de la urgente elaboración de nuevas normativas que faciliten la implementación de los necesarios cambios para afrontar el citado reto.

El liderazgo europeo El debate sobre la necesaria transición energética para afrontar el cambio climático está sobre la mesa de la ciudadanía e instituciones, quienes requieren que se afronte la problemática y se aporten soluciones a los retos que se plantean para la descarbonización. A tal efecto, la Unión Europea (UE) trata de liderar a nivel mundial los cambios necesarios para realizar la necesaria Transición Energética dentro de un marco de mayor integración de los mercados energéticos europeos a través de una nueva propuesta legislativa, denominada Paquete de Invierno: Energía limpia para todos los europeos. Dicha legislación, entre otras cuestiones, obliga a los diferentes países de la UE a desarrollar planes nacionales sobre energía y cambio climático que establezcan los objetivos, metas, y contribuciones de cada país para el cumplimiento de la normativa europea en el área energética, así como una descripción de las políticas energéticas y medidas previstas a desarrollar para alcanzar su cumplimiento.

En respuesta a esa obligación el Gobierno Central anunció la elaboración de una Ley sobre Transición Energética y Cambio Climático. En este contexto de necesaria ayuda para su desarrollo y de necesidad de obtener el adecuado consenso político, el Consejo de Ministros acordó, en julio de 2017, la creación de una Comisión de Expertos a la que encarga la elaboración de un informe en el que se analicen las posibles propuestas de política energética y medioambientales, las alternativas existentes y su correspondiente impacto y coste económico y la estrategia necesaria para cumplir los objetivos en materia de energía y clima establecidos por la UE. La Comisión de Expertos ha estado formada por catorce miembros, cuatro designados por el gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CC.OO. y CEOE) y el informe fue aprobado sin ningún voto en contra, once a favor y tres abstenciones. Es un aspecto a resaltar.

Una vez contextualizado el informe del Comité de Expertos (de más de 450 páginas), trataremos de explicar las principales opciones planteadas por el mismo para afrontar los retos de política energética y cambio climático de forma que permitan definir una estrategia para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales comprometidos con la UE.

El informe se afronta con diferentes incertidumbres de largo plazo, como son las tecnológicas, económicas, e incluso regulatorias, pues en este último aspecto aún no se ha producido la aprobación del paquete legislativo europeo (Paquete de invierno), figurando distintas propuestas sobre objetivos en materia energética: por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han propuesto distintos objetivos, 27% y 35% en renovables y 30% y 35% en el caso de eficiencia energética. Ello no impide proponer opciones para cumplir los posibles objetivos, que serán más o menos intensas en su implantación pero cuya filosofía de base seguirá siendo aplicable.

del Mix energético Dicho lo anterior, en la simulaciones realizadas para cumplir los objetivos sobre la posible evolución de la demanda y la oferta de todos los usos de la energía en su caso base a 2030, se configura un mix energético en el que el peso del gas y de las tecnologías renovables, especialmente la fotovoltaica, aumentan de forma muy relevante mientras que la demanda de petróleo se reduce en gran medida y el carbón desaparece casi por completo, todo ello en este caso sobre la base de asumir que las centrales nucleares se mantienen en el mix energético, pues su cierre supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales, las emisiones de CO2 se incrementarían en unos quince Mt frente a los escenarios de referencia y se incrementaría la necesidad de potencia adicional firme en 7.100 megavatios para garantizar el índice de cobertura en situación extrema.

Ahora bien, en 2050, el mix energético estará dominado por las energías renovables, entre las que la generación hidráulica seguirá siendo fundamental, y las energías renovables en condiciones de desarrollo tecnológico favorable podrían suministrar la práctica totalidad de la generación eléctrica y por ello se produciría una disminución más que notable del consumo de gas, lo cual plantea la necesidad de señales que permitan asegurar la inversión a largo plazo requerida en el sistema, es decir la creación de un nuevo mecanismo de garantía de capacidad para viabilizar el mix de generación que en el sistema eléctrico peninsular están caracterizados por una reducida conexión con el resto del sistema interconectado europeo y presentan una elevada penetración de producción de energía de origen renovable, con alta variabilidad e intermitencia. Debe considerarse a su vez que cuando se registre un importante exceso de capacidad y algunas centrales no consigan ser asignatarias de pagos por capacidad mediante subastas competitivas, se puedan mantener hibernadas siempre que no dé lugar a una reducción de la garantía de suministro eléctrico, proporcione en el futuro una capacidad necesaria, no reduzca el nivel de competencia en los mercados, ni lleve asociado un sobrecoste adicional para los consumidores.

En cuanto a las señales de precios que tanto preocupan al consumidor, se propone abordar una reforma fiscal con objetivos medioambientales como un medio esencial para llevar a efecto el proceso de descarbonización de la economía y de mejora de la calidad del aire al considerarse que el diseño actual del sistema fiscal energético supone una asignación ineficiente de recursos. La reforma se plantea de manera que permita: (1) mejorar las señales de precios a los consumidores, (2) ser compatible con la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético y (3) no suponer ni una pérdida de recaudación para las Administraciones Públicas ni un incremento de la presión fiscal, tratándose de evitar el riesgo de deslocalización de empresas y de mitigar el impacto en colectivos de usuarios sensibles (como el transporte aéreo, agricultura/pesca o los profesionales del transporte) a través de medidas compensatorias o exenciones.

Esto se llevaría a cabo a través de la sustitución de los actuales impuestos que gravan la energía por impuestos que internalicen daños ambientales asociados a la generación y consumo de energía, gravámenes a CO2, SO2, NOx Partículas, y de la modificación de la actual financiación de las energías renovables (5.300.000 euros actualmente), pues el mayor esfuerzo de promoción de las energías renovables se ha realizado a través de las renovables eléctricas y su financiación debe ser compartida entre todas las energías. También se plantean medidas para el diseño eficiente de los peajes de acceso. Esto es relevante porque estos son un componente significativo del precio final del suministro eléctrico pagado por el consumidor al incluir costes directamente relacionados con el suministro, costes no relacionados con el suministro y costes relacionados con el suministro pasado, indicándose que parte de los mismos deberían financiarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Todo ello produciría una reducción de las tarifas eléctricas significativa.

El diseño eficiente de los peajes de acceso facilitará el desarrollo de una regulación específica de la generación distribuida y el autoconsumo, incluyendo los mecanismos de agregación de la misma que faciliten la participación en los servicios de balance del sistema eléctrico, pues ello garantizará un tratamiento tecnológicamente neutral que evite las transferencias de rentas entre consumidores en el que se incorporen las soluciones más beneficiosas para el conjunto del sistema.

Las medidas de reforma de la fiscalidad energética como de diseño eficiente de los peajes de acceso permitirán que la política regulatoria sobre movilidad sostenible se oriente a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos con energías alternativas, partiendo de que debe prestarse especial atención al cambio en la fiscalidad como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia una movilidad sostenible.

Otro aspecto crucial es lo relativo al ahorro y la eficiencia energética, de importancia fundamental no solo en el proceso de descarbonización de la economía sino también en la reducción de la dependencia de recursos energéticos externos y de la volatilidad de precios, Se considera crítico contar con medidas de ahorro energético en edificios y en transporte, debiéndose enfatizar en la transición mediante inversiones en equipos e instalaciones más eficientes, de forma que permita cumplir con el objetivo europeo.

y Las redes No debemos olvidar el papel de las redes. Su evolución hacia redes más inteligentes será un pilar vertebrador para lograr una participación mucho más activa de los consumidores, individualmente o de modo agregado, en el abastecimiento de energía. Las redes inteligentes serán una herramienta para facilitar la transición contribuyendo a la penetración de la generación renovable y del vehículo eléctrico y la gestión del consumo por parte de los propios hogares, así como mejorando la monitorización y la eficiencia.

Por ultimo no quisiera olvidar la reflexión sobre la dimensión de transición justa para trabajadores, empresas y territorios, y de la gobernanza. Respecto a lo primero, la dimensión social de una transición energética justa debe complementarse con medidas de transparencia y protección de los consumidores y, en particular, con medidas de apoyo a los consumidores considerados vulnerables. En este sentido, además de la consideración ya realizada sobre los peajes de electricidad y gas, se recomienda considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, con las adaptaciones que sean necesarias a las características de cada fuente energética, pero con similares criterios de concesión de la protección, estableciendo así un Bono Social Energético. Respecto a la gobernanza, debe ser explicativa de las trasformaciones e implicaciones, inclusiva y participativa, justa y equitativa, eficiente y eficaz de cara al cumplimiento de los compromisos internacionales .

En definitiva, el informe crea el camino adecuado. En buena medida, esta visión coincide con lo que he venido exponiendo desde hace algunos años sobre la necesidad de reforma de la fiscalidad energética, la problemática de las tarifas eléctricas y sus soluciones, el cierre de instalaciones de carbón, el ahorro y la eficiencia energética, la problemática del autoconsumo... Esperemos que no caiga en un cajón y duerma el sueño de los justos.