la para la mayoría de los analistas inesperada victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE no solo supuso su vuelta a la Secretaría General del partido sino también la aprobación de un nuevo programa para el mismo que incluye la aparente novedad de considerar a España como un estado plurinacional o una nación de naciones, así como una propuesta para la federalización del Estado.
Sin embargo, al mismo tiempo, poniéndose la venda antes de la herida, se añade en esa propuesta que el reconocimiento como naciones de algunos territorios no presupone que vaya a generar consecuencias jurídicas ya que, en todo caso, se reconocería su condición de naciones culturales, pero no políticas.
¿Qué hay, por tanto, de nuevo y original detrás de ese reconocimiento del carácter nacional de algunas comunidades que conviven en el Estado Español?
Ya en la misma Constitución aparece la diferenciación entre nacionalidades y regiones. Y aunque el término nacionalidad parece haber sido desprovisto de significado con el transcurso del tiempo, quienes tenemos algunos años y vivimos la época de la transición recordamos que se utilizó como un eufemismo, aceptable a regañadientes por las fuerzas más proclives a una visión centralista del Estado, de otro concepto entonces en boga, el de naciones sin Estado, cualidad que en las postrimerías del régimen franquista se atribuía, prácticamente en exclusiva, a Catalunya, Euskadi y Galicia. Es decir, las tres comunidades en las que había un fuerte sentimiento de identidad nacional propia y que, además, ya habían votado o disfrutado, en tiempos de la Segunda República, de un Estatuto de Autonomía.
Diferenciación constitucional Incluso la propia Constitución establecía un camino diferenciado entre estas tres comunidades y el resto de las que pudieran establecerse en el futuro, aunque al final, se optara por la vía que se optara (Andalucía, por ejemplo, consiguió tras un referéndum, equipararse a las comunidades citadas), se impuso el café para todos, equiparándose competencialmente la práctica totalidad de las autonomías, salvando la excepción de las características específicas de los territorios forales.
El término nacionalidad, por tanto, no llegó a originar ningún efecto jurídico-político en aquellas comunidades para las que fue creado, salvo el transitorio de acceder a la autonomía por una vía más rápida que el resto de comunidades autónomas. Y ahora, cuarenta años más tarde, da la impresión de que volvemos a la casilla de salida y a la pregunta originaria ¿En qué se va a diferenciar la propuesta de “España, nación de naciones”, impulsada actualmente por los socialistas, de la ya constitucionalizada “España compuesta por nacionalidades y regiones”?
Si no va a tener efectos jurídicos, está claro que en nada. Si se trata de un envoltorio vacío, sin contenido sustancial en su interior, ni siquiera va a merecer la pena que se empeñen en ello. Porque si lo que se desea con esa propuesta es desactivar las reivindicaciones nacionales de las tres comunidades citadas, parece difícil que lo consigan. Y es que a quienes consideran que Euskadi, Catalunya y Galicia son naciones de por sí, no les van a adormecer porque, como si de un favor se tratara, se les reconozca su carácter nacional de un modo puramente estético, sin contenido.
Del Estado ‘federal’ Y en lo que atañe a una posible federalización del Estado, el nombre (Estado Federal o Estado de las Autonomías) tampoco es lo más importante. De hecho, salvo porque el Senado actual no cumple los requisitos de ese tipo de cámaras en los estados nominalmente federales, el español podría considerarse de facto un estado federal. Cambiar los nombres para seguir haciendo lo mismo puede engañar y distraer a unos pocos, pero no va a arreglar los problemas territoriales de fondo.
Cuando un Estatuto de Autonomía, como el de Gernika, lleva décadas sin completarse, ¿de verdad creen algunos que por permitir, generosamente, que nos califiquemos como “nación” nos vamos a quedar satisfechos?
Lo importante, por tanto, no es el nombre o el adjetivo -sea el del Estado o el de las comunidades nacionales que este contiene- sino el verdadero significado que este supone. Y más que proclamar la existencia de naciones dentro del Estado, lo que debieran hacer quienes desean con sinceridad arreglar los problemas territoriales es tratar de llegar a acuerdos bilaterales con las diversas nacionalidades, naciones, regiones, comunidades -el término que utilicemos es lo de menos- que muestren su voluntad de ser reconocidas como actores políticos diferenciados y con personalidad propia, en un ejercicio de diálogo sincero y con plena disposición de llegar a acuerdos.
Y, por supuesto, con la intención de respetar lo firmado. Que, visto lo visto, eso sí que constituiría un cambio radical.
