Avisos de caminantes
ESTOS días corre por las redes una frase que, dicen, proviene del Talmud, y parece apropiada a la situación de política judicial o de justicia política que estamos viviendo: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”. Claro que esto lo piensan siempre los perjudicados por sus sentencias, y adheridos, de la manera que sea, solidarios o ideológicos, pero adheridos. No me refiero solo a la sentencia de la tuitera Cassandra por sus chistes o la delirante que absuelve a los acusados de las torturas padecidas por Sara Barrenetxea, sino esa otra actuación judicial que da vía libre a acciones, por parte de una asociación franquista, contra los presentadores de televisión que bromearon sobre el Valle de los Caídos como una muestra más de la hartadumbre de una parte significativa de la ciudadanía española que aborrece la herencia del franquismo.
Creo que esas tres actuaciones judiciales, diferentes en su gravedad y alcance, y otras concordantes, hay que verlas en clave de aviso, advertencia, amenaza y escarmiento. Al margen de no olvidar algo de capital importancia: esas sentencias y actos judiciales son apoyados y aplaudidos por otro amplio sector de la ciudadanía que ve con buenos ojos el orden basado en la represión de la disidencia y el recorte de libertades; una parte tan importante como que es la que tiene en su sitio al gobierno actual gracias a las urnas. Una ciudadanía proclive a la delación y a provocar la muerte cívica privando a los réprobos de su puesto de trabajo (el escultor Valentín Roma en 2015) o de su cuenta corriente (el rapero Valtonyc por parte del Deutsche Bank ahora mismo).
El Gobierno, que es quien parece dirigir una buena parte de la magistratura afín al franquismo o a su herencia ideológica, acaba de declarar que la exaltación de la dictadura no es delito. Es decir, que según cuál y quién la ejerza, la violencia injusta no es delito. Y violencia injusta es la que sostiene toda dictadura, y el franquismo lo fue, una dictadura originada en un golpe militar apoyado de manera expresa por el nazismo y el fascismo, y sostenido luego por leyes, tribunales de excepción, policía política y represión de libertades.
De la misma manera que los tuits injuriosos padecidos por un ciudadano no lo son, debido a su ideología política personal, pero sí los que padeció la Cifuentes. Algo que resulta inexplicable, por completo inexplicable, salvo que se admita que lo mismo que hay una policía política, hay una justicia al servicio de una ideología.
El fondo del asunto es la pervivencia del franquismo en sus herederos ideológicos, por muy travestidos que aparezcan, adheridos de manera ferviente a modelos políticos autoritarios y policiacos, y apoyados por tribunales de excepción y leyes a medida, como fue el tribunal de Orden Público, hoy Audiencia Nacional, leyes de bandidaje y terrorismo, hoy de seguridad ciudadana y articulado del Código Penal, reformado de manera expresa para ello, que la completa y fortalece.
Blindar el franquismo, atajar los movimientos que pretenden su derribo completo, reescribir la historia en el mismo sentido en el que fue escrita durante décadas, en forma de doctrina y consigna, anular en la práctica cualquier cambio político que pretenda hacerse al margen y en el rechazo de la herencia de la Transición que amparaba todo ello, ese es el empeño político que las actuaciones judiciales enmascaran.
“En democracia un cómico no debe temer por sus chistes”, alerta, dicen, una asociación de fiscales progresistas. No sé si esa alerta no llega un poco tarde, cuando la libertad de expresión lleva ya varios años tocada del ala en este país, por leyes y por actuaciones judiciales sistemáticas. Hablan de cómicos y menos cómicos, que es dónde se ha acogido la crítica política radical, pero no lo hacen de la impunidad policial. Eso es decir muy poco a estas alturas. Si la burla es delito, ¿por qué no va a serlo la denuncia clara, precisa, circunstanciada en la medida de lo posible de las atrocidades cometidas? Aquí radica a mi juicio el mayor peligro de esta situación, que la represión policial-jurídica y la censura espontanea se extiendan a otros ámbitos de la libertad de expresión? al margen de los órganos oficiales.