Las ayudas a los astilleros no son una buena idea

NO estoy capacitado para valorar la base jurídica de las ayudas concedidas al sector naval bajo la fórmula conocida como tax lease y, por lo tanto, ignoro si es justo o injusto que sean devueltas. Pero una cosa es oponerse a su eventual devolución por las razones jurídicas que se considere oportunas y otra, muy diferente, defender la conveniencia de que siga habiendo ayudas.

La normativa europea, con excepciones, busca garantizar la libre competencia intramuros y, si hay acuerdos internacionales de por medio, también extramuros. Las ayudas fiscales a empresas o sectores particulares son barreras al comercio porque dan ventaja al sector que recibe las ayudas frente a los de otros países. Esas barreras son negativas para el desarrollo del propio país que las impone, aunque no lo sean para los sectores que se benefician de ellas. La apertura al comercio, en primer lugar, y las inversiones en conocimiento, en segundo, son los factores con un efecto más pronunciado sobre el crecimiento económico de los países.

Hay quien defiende las ayudas para contrarrestar lo que se ha dado en llamar dumping social. Y sí, es cierto que hay países que son competitivos porque tienen peores condiciones laborales que el nuestro. Pero es lógico que así sea. Cuando un país empieza a desarrollarse, basa su competitividad en bajos costes laborales. No dispone de conocimiento para sostener sectores que sean competitivos y que, a la vez, permitan buenas condiciones de trabajo. Por ello, las primeras etapas del desarrollo siempre se recorren así. Andando el tiempo, como ha ocurrido en otros países, el nivel de vida sube y las condiciones se aproximan a las de los más desarrollados. Si se exigiera a países como Brasil, China o India que produzcan con condiciones equivalentes a las de Occidente, se les condenaría al subdesarrollo. Además, tampoco sería bueno para los países desarrollados, porque carecerían del incentivo que supone tratar de ser competitivos a base de conocimiento e innovación. A medio y largo plazo, los intereses de unos países y otros no tienen por qué ser tan contrapuestos, porque la riqueza mundial no es una cantidad fija que deba repartirse si los países comercian libremente, sino que puede crecer gracias al conocimiento, la innovación y la especialización.

En ocasiones se invoca el carácter estratégico del sector naval para justificar las ayudas al mismo. Dudo, no obstante, que haya en Euskadi algún sector económico que merezca la consideración de estratégico. La merecería si de su permanencia dependiese la viabilidad misma del país. En ese caso, su existencia debería garantizarse al margen de una hipotética rentabilidad económica. Pero de no ser así no hay razones por las que deba ser ayudado este y no cualquier otro sector. Las ayudas públicas no deben usarse para sostener sectores caducos o ineficientes, aunque puedan justificarse ocasionalmente si resuelven problemas coyunturales y si, una vez resueltos, el sector ayudado puede sobrevivir sin ellas.

Que la agricultura esté protegida en Europa o que se hayan aprobado y permitido ayudas a la banca tampoco son razones de peso. Lo malo no deja de serlo por el hecho de que se permitan otras cosas malas. Si las barreras a la libre competencia no son buenas, tampoco lo son en el sector agrícola. Europa, al igual que Japón y Estados Unidos, protege de manera obscena su sector primario. Pero eso no se hace porque la protección sea buena para los europeos, sino porque esos sectores tienen un poder político desproporcionado. Subvencionando la agricultura y ganadería europeas se obstaculiza la importación de alimentos de terceros países y se ponen trabas a su desarrollo. Las ayudas a la banca, por su parte, constituyen una excepción que se aceptó para evitar el colapso del sistema financiero y, por tanto, del crédito. Fue una mala decisión porque así hemos pagado los contribuyentes los despropósitos cometidos por gestores incompetentes, cuando no por delincuentes, y porque la moraleja que se extrae es que los errores o villanías que se cometen en ese sector no tienen consecuencias, con lo que se podrán seguir cometiendo. Y resulta que el crédito, a pesar de las ayudas, sigue sin fluir.

Se dice que los competidores asiáticos también ayudan a sus astilleros y que eso legitima las ayudas en nuestro país. Desconozco si es así, pero si lo fuera no cambiarían mucho las cosas. En ese caso, lo que procedería sería, como mucho, dirimir posibles conflictos en el marco de los tratados internacionales de libre comercio. Y, no obstante, en el caso que nos ocupa, parece que hay astilleros europeos que se consideran perjudicados por las ayudas; supongo que son esos astilleros los que instaron a diferentes asociaciones empresariales europeas para que denunciasen en 2011 las ayudas ante la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea.

También se acude a la inseguridad jurídica que provocaría o que, al parecer, ya ha provocado una posible decisión que obligue a la devolución. Tal inseguridad haría que armadores y financieros dejasen de implicarse en nuevas operaciones con los astilleros afectados y eso sería la sentencia de muerte para el sector naval. Pero ese argumento solo vale si lo que se pretende es defender la continuidad de las ayudas. Esa es la única fuente posible de inseguridad. Esto es, los armadores solo se retraen de contratar con los astilleros si estos aspiraban a que los barcos sigan saliendo más baratos gracias a las ayudas. Si todos diesen por supuesto que no las habrá, no habría ninguna inseguridad. La única conclusión posible en ese caso es que se intentan mantener las ayudas. Estaríamos, por tanto, volviendo a la casilla inicial: la conveniencia de concederlas.

Es comprensible que representantes políticos y responsables gubernamentales se afanen para evitar que se aplique una medida que puede causar mucho daño, pues serían muchas las familias afectadas. Pero que se afanen ahora en evitar que se tengan que devolver las ayudas recibidas en años anteriores no significa que, por las mismas razones, deban mantenerse las ayudas públicas a sectores que no son competitivos. A la larga, todos saldremos perdiendo, salvo los beneficiarios de las ayudas, por supuesto.