DESDE el inicio de la democracia en este país se han cuestionado periódicamente los derechos históricos -en especial todo lo referente a sus convenios y conciertos económicos, a su derecho recaudatorio, recogidos en la propia Constitución- de Euskadi y Navarra. A menudo, como maniobra de despiste de otros problemas más colectivos, a veces con intención malévola y en algunos casos debido a importantes torpezas políticas. Nuevamente vuelve a primera línea del debate, en este caso a la vista de unas desafortunadas declaraciones del líder del PSC, Pere Navarro en su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Catalunya, en las que afirmaba textualmente: "A todos aquellos, de dentro y de fuera del socialismo, que hablan de la falsa insolidaridad catalana les pido que me acompañen en la propuesta de eliminar el privilegio que suponen los sistemas de concierto vasco y navarro. Si queremos una financiación justa, comencemos por eliminar en la reforma de la Constitución los privilegios que existen hoy".

Navarro (curioso que se apellide así alguien que ataca estos derechos) ha abierto de nuevo el melón del debate sobre la propuesta de reforma constitucional del PSC, que pide un modelo de financiación autonómica limitado por el principio de la ordinalidad y que garantiza la suficiencia de recursos para todas las comunidades. "Hablen con cualquiera que no sea vasco o navarro y les dirá que es un tema que debe solucionarse", ha manifestado, destacando que el modelo actual no permite que ambos territorios, con recursos por encima de la media, aporten a la solidaridad con las autonomías menos desarrolladas.

Error, profundo error con todos los respetos que me inspira el máximo mandatario de un partido, el PSC, que me ha recibido con los brazos abiertos tras mi expulsión del PSOE. Error porque ese debate no tocaba en estos momentos y porque además ha dado argumentos a lo más reaccionario de la prensa estatal para atacar de nuevo los derechos históricos de dos comunidades envidiadas. Error agravado porque esos análisis los hacía una persona de la izquierda ideológica.

A partir de ese momento, comentaristas, tertulianos varios, analistas de medio pelo, toda la Brunete mediática, han dirigido sus dardos envenenados hacia unas comunidades que, más allá de esos derechos, están realizando los deberes con prontitud y rigurosidad. Que Euskadi y Navarra tengan la mayor tasa de crecimiento, el menor porcentaje de paro, las cuentas más saneadas del Estado, no tiene que ver con esos derechos, sino con la seriedad de sus ciudadanos que a pesar de algunos deslices de sus políticos (me refiero al escándalo de las dietas de la CAN en Navarra) están apretándose el cinturón y fortaleciendo su tejido industrial y emprendedor.

Que mi compañero Pere Navarro saque este rancio discurso en estos momentos posiblemente tenga que ver con la delicada situación por la que atraviesa el PSC en Catalunya, agobiado por las encuestas que no paran de advertirle de su bajada en picado y del debate interno inacabado entre sus dos almas: la catalanista y la estatalista.

Es cierto que el sistema tributario español se basa en los siguientes principios:

1. Principio de igualdad y generalidad: Todos los españoles son iguales a la hora de pagar los tributos.

2. Principio de capacidad económica: Es la cantidad de ingresos o riqueza que un ciudadano posee. Por lo tanto, los tributos tendrán que tener en cuenta esta capacidad a la hora de determinar lo que cada ciudadano debe pagar.

3. Principio de progresividad: Cuanta más capacidad económica tenga una persona, más tributos pagará de forma progresiva.

4. Principio de no confiscatoriedad: La tributación no podrá ser superior a la renta o patrimonio gravado.

5. Principio de legalidad: El artículo 133 de la Constitución establece que el único que tiene poder para establecer los tributos es el Estado mediante Ley.

Pero también lo es, como comentaba al inicio, que la Constitución en su Disposición adicional primera reconoce, ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y, por tanto, no cabe discusión alguna sobre este tema.

Plantear a hora una reforma de la Constitución para eliminar esos derechos no solo supone un error político de envergadura, sino que también abriría una brecha de alcance desconocido con Euskadi y Navarra en un momento en el que empezamos a olvidar los viejos tiempos de hierro y sangre.

La intervención de Pere Navarro, además, ha creado un nuevo conflicto en el convulso PSOE. Aunque su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se apresuró a rectificarle, no lo hizo con la contundencia deseada y su ambigüedad calculada, como buen zorro viejo de la política, deja abierta una peligrosa posibilidad al comentar que es partidario de respetar los conciertos con Euskadi y Navarra pero cree que el Cupo si es revisable. O sea, que aunque la base inicial pueda ser la misma su resultado no lo es y de ahí la reacción que tanto en Euskadi como en Navarra han tenido los diferentes partidos incluidos, PSN y PSE, que quedan en situación de extrema debilidad ante la presión de sus mayores.

Esta es otra de las claves, porque lo que puede ser bueno, electoralmente hablando, para el PSOE y el PSC, un discurso de "justicia e igualdad social" entre todos los españoles, deja a sus homónimos vascos y navarros bajo las caballos, expuestos al vaivén de no saber muy bien en qué lugar se encuentran.

Su reacción ha sido en principio contundente, más el PSN a la vista de la que le está cayendo por el escándalo de la CAN. Pero la pregunta del millón es: ¿qué harán si la dirección federal emprende el peligroso camino abierto por Navarro y Rubalcaba? ¿Se plegarán como hizo el PSN cuando en 2007 impusieron sus tesis contra la posibilidad de construir una alternativa de gobierno progresista? La verdad es que en estos momentos ambos se encuentran en situación de máxima debilidad. El PSE, después de haber perdido el gobierno vasco. El PSN, envuelto en las sospechas de colaboración con UPN y ambos en una crisis de liderazgo profunda. No sería el momento más adecuado para sacar ese debate, pero cualquiera sabe por dónde va a salir el tortuoso Rubalcaba.

Es al menos curiosa la poca beligerancia que el PP ha demostrado en este tema, quizás pensando que el verdadero peligro viene en estos momentos precisamente de donde llegan estas propuestas: de Catalunya. También que no interesa abrir nuevos frentes de confrontación con Euskadi y Navarra. Aunque tampoco es descartable que un tema tan populista como este pueda retomarse por parte de un gobierno agobiado por la situación económica. Sería demagógico, pero rentable políticamente en el resto del Estado, plantear que una parte de la responsabilidad de la crisis viene de los derechos históricos y que se podía paliar con una mayor contribución de la ciudadanía vasca y navarra. Supondría un error de repercusiones imprevisibles.

Habrá que prepararse por si acaso para esta posibilidad, prepararse para defender con uñas y dientes nuestros derechos. Como ciudadano navarro, antepongo con absoluta claridad y contundencia esa posición a mi militancia política en el PSC. Esperemos que no haga falta.