DE provincias es un término despectivo en Madrid para referirse a los de fuera de la capital del Estado, ahora otra vez Reino. Provincia es una palabra de origen romano, referida a un territorio asumido por la república o el imperio después de victoria, palabra de la que se deriva etimológicamente.
La sacralizada Constitución española vigente incluyó la división territorial por provincias, que además constituyen circunscripciones electorales, excepto para los comicios europeos. Conviene recordar que las actuales son fruto del burócrata de la reina regente María Cristina de Borbón, mediante un decreto de 1833, con escasas variaciones posteriores (desde la década de los ochenta, prácticamente limitadas a los cambios de denominación, o más bien recuperación de nombres tradicionales).
El criterio, contra la opinión de los carlistas vencidos pero teóricamente respetados después de la primera carlistada, era copiado de Francia, centralizador según todos los manuales. Y los límites se establecieron un tanto al albedrío del encargado por la Corona, a partir y alrededor de unas ciudades que se consideraron principales.
Lleida, por citar un caso catalán, estuvieron a punto de incluirla en Aragón y, de hecho, una parte del territorio de habla catalana, la Franja de Ponent, la dejaron dentro de Huesca, aunque hasta anteayer (con el beato Juan Pablo II) la Iglesia la mantenía en la Diócesis ilerdense.
La excepción a esa artificialidad centralizadora fueron los territorios de Hegoalde, que ya tenían su configuración, límites, y hasta normativas propias, bien establecidos y vigentes. Pero en otros lugares, especialmente en el Principat de Catalunya, siempre han rechazado esa división, y en los medios propios, oficiales y sobre todo de comunicación, evitan hasta el término.
Durante el tripartito presidido por Montilla se llegó a formalizar la división recuperada por vegueríes, siete en lugar de las cuatro provincias, aprobada en el Parlament pero hasta ahora sin aplicar, entre el choque con la Constitución, la que está cayendo, y más de un debate entre instituciones afectadas.
El caso es que el nuevo proceso recentralizador del Gobierno Rajoy no solo propone disminuir el número de concejales en los ayuntamientos, de representantes en las asambleas o parlamentos regionales, sino concentrar competencias de entes locales o comarcales en las diputaciones provinciales.
Una vez más, se actúa desde la prepotencia de una mayoría absoluta que en apoyo popular ya no es tal o está a punto de dejar de serlo, ignorando o dando la espalda a las realidades diferentes y diferenciadas que llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por el ministro que algún contertulio de radio catalana llama ya sargento Montoro. Convocatoria un día después de reunir, pasar revista y apretar las filas de los presidentes autonómicos de su partido, para que no se repitiera la ruptura de disciplina de Castilla-León y Extremadura, en la reunión anterior.
Esta vez, el conseller y catedrático catalán Andreu Mas-Colell se negó a hacer el papelón de recibir las órdenes en persona. La homóloga andaluza, Carmen Martínez Aguayo, salió dando un portazo y la Junta de Andalucía ya ha anunciado recurso al Tribunal Constitucional contra la rebaja del índice máximo de deuda en las comunidades, en vez de aliviarlo, como ha hecho Europa con la española.
Y mientras, unos cuantos históricos de entre los socialistas catalanes (PSC) y catalanistas han salido defendiendo el voto díscolo de su compañero Ernest Maragall en apoyo del pacto fiscal de Mas. Joaquim Nadal, el hombre del PSC que más se acercó a la presidencia de la Generalitat antes de José Montilla, llegó a decir que había algunos, sin llegar a diez, de compañeros del grupo que habrían votado como Maragall, pero no lo hicieron "por sentido de la responsabilidad con el conjunto". Hay que recordar que los parlamentarios socialistas en el legislativo catalán son 28, o sea que los "colaboracionistas" habrían sido aproximadamente un tercio; nada más, pero también nada menos.
¿Y qué más da? Al final todo se resuelve con un ordeno y mando. Con la actual mayoría absoluta del PP, más. Pero, en cualquier caso, por las decisiones tomadas en las calles de Ferraz o Génova, de Madrid, o en la Carrera de San Jerónimo. Digan lo que digan los "de provincias", aunque sean de sus mismos partidos o grupos parlamentarios.
