CON cierta frecuencia se adjudican a la ciudadanía responsabilidades por haber vivido por encima de las posibilidades reales, durante años, como una de las causas de la crisis económica-financiera de extremada gravedad que se está padeciendo especialmente en España. Nada más lejos de la realidad. Esta valoración es un simple disparate y, además, injusta. La ciudadanía no crea crisis económico-financieras de ámbito general, no podría hacerlo aunque quisiera; las padece gravemente, pagando las consecuencias de los excesos y negligencias graves de gobiernos, políticos y poderes financieros.

Los ciudadanos individualmente y las familias deciden sobre sus posibilidades económicas en función de sus expectativas y asumen gastos y/o créditos que consideran factibles. Se pueden equivocar en la valoración de sus expectativas reales, según la información que reciben constantemente a través de los medios de comunicación y otras que les pueden llevar a un exceso de gasto. En todo caso, esto solo tiene consecuencias en los interesados, personas individuales o familias, nunca en la generación de una crisis de ámbito general.

Las personas o familias que se ven imposibilitadas de hacer frente a los pagos de una hipoteca porque se han quedado en el paro y sin prestaciones sociales sustitutorias suficientes no son responsables de su situación. Son víctimas de la crisis y, por tanto, son los responsables de la crisis los que deben arbitrar medidas de obligado cumplimiento para que nadie quede desahuciado por esta causa.

Lo que resulta inamisible es que primero generan la crisis, por excesos, avaricia, cambalaches entre compañeros, familiares, amigos, negligencias, incompetencia… y luego abandonan a los ciudadanos a su suerte. Esto es sencillamente inmoral. El gobierno de turno debe asumir su responsabilidad actual, impulsando medidas específicas de emergencia. Esto debería ser lo prioritario.

La usura, el afán desmesurado del máximo beneficio a cualquier precio, el desprecio absoluto a la ética de los poderes financieros… permitido o tolerado, e incluso alentado por los poderes políticos, de los gobiernos representantes de los parlamentos, fue el detonante de la crisis y sigue siendo hoy, todavía, una rémora intolerable.

Los gobiernos han sido y son los corresponsables. No es concebible que se hayan podido producir semejantes desbarajustes y abusos del poder financiero, de la banca y grandes corporaciones, con unas reglas y normas de funcionamiento adecuadas. Reglas tan elementales como garantizar la transparencia, la fiscalidad y el interés general. Lo lamentable es que, todavía a estas alturas de la crisis, no se han establecido las reglas de aplicación adecuadas, para evitar que se vuelvan a presentar en el futuro situaciones similares.

En definitiva, la crisis que está padeciendo, concretamente en el Estado español, con diferentes grados de intensidad la ciudadanía, muchos extremadamente grave, es consecuencia de una política desastrosa de los gobiernos del PP/PSOE, que han gobernado y lo siguen haciendo, en el gobierno central y en las comunidades autónomas. No solo porque no han impulsado y establecido reglas y normas para regular adecuada y suficientemente la actividad financiera, sino porque han sido un verdadero desastre en inversiones públicas y desarrollo de las diferentes áreas de la actividad económica, además de estar inmersos en innumerables irregularidades por los partidos, gobiernos y miembros afines.

La gran responsabilidad que recae en la ciudadanía es la elección de los políticos que van a ocupar los escaños de los parlamentos, Juntas Generales, ayuntamientos y los gobiernos que se derivan de ellos. Efectivamente, es aquí donde radica el poder del pueblo, en la elección de sus representantes. Las consecuencias de realizar mal la elección o simplemente pasar por diversas circunstancias pueden ser y son de hecho muy perjudiciales para la ciudadanía y para el país en su conjunto.

¿Cómo se puede apoyar a políticos y sus partidos cuando han estado incursos en corrupciones galopantes, en despilfarros sin cuento, en políticas económicas desastrosas; a los que, en lugar de afrontar firmemente el fraude fiscal desorbitado, aplican restricciones sociales?

Los resultados en las últimas elecciones en España han sido, aunque esperados, decepcionantes. La ciudadanía no reacciona ni correctamente ni a tiempo. Todavía no se ha desarrollado el sentido democrático suficientemente ni el sentido crítico y de ubicación del ciudadano ante la política. Creer que todos los políticos son iguales; pasar; dejarse deslumbrar por frases muy rimbombantes que se quedan en meras frases… Esto es un error grave en el que, desgraciadamente, se incurre una y otra vez.

Es lamentable que el PP, con su trayectoria y la corresponsabilidad en la situación actual, haya alcanzado mayoría absoluta. E igualmente que al PSOE, con una gestión deficiente y desastrosa en sus ocho años de gobierno en España empeorando la situación día a día, se le hayan otorgado siete millones de votos… Esto es un verdadero despropósito.

Aquí, reitero, está la gran responsabilidad de la ciudadanía. Estos dos partidos responsables casi por igual de todo lo que ocurre y ha ocurrido en el Estado español no tenían que haber obtenido en las urnas ni la mitad de los escaños logrados. Esto hubiera obligado a un pacto de varios partidos para formar un gobierno de coalición de amplio espectro o de concentración. Ese supuesto gobierno, probablemente, hubiera sido capaz de tomar decisiones adecuadas y proporcionales a la situación actual no solo para superarla sino, también, para evitar que pueda ocurrir en el futuro.

La ciudadanía tiene que saber que los parlamentos y gobiernos dependientes deben regular adecuadamente todos los procedimientos económicos-financieros, el funcionamiento de la banca y afines, evitar la usura desproporcionada, los negocios fáciles sin base de seguridad suficiente que luego desembocan en desequilibrios enormes que generan crisis graves como la actual. Además, deben establecer sistemas de control y seguimiento suficientes, para evitar el fraude fiscal, sobre todo, a partir de rentas altas. Señalo estos aspectos como relacionados directamente con las causantes de la crisis, naturalmente están las otras áreas de la actividad ordinaria.

En Euskadi -referido solo a la CAV- la ciudadanía tiene que afrontar en breve plazo la elección del parlamento, del cual se derivará el nuevo Gobierno vasco. La responsabilidad de hombres y mujeres, jóvenes y mayores es enorme.

Sería deseable que de las elecciones resultase un parlamento compuesto de forma abrumadora por partidos abertzales, es decir, por los que sienten y trabajan por este país y su ciudadanía a tiempo completo. Sin depender de los centros de decisión de sus centrales, en Madrid.

Ahora el PSOE con López de lehendakari está ¿gobernando?... con un respaldo del 17% aproximadamente de la ciudadanía (según datos de las últimas elecciones municipales y forales). No solo no convoca elecciones, sino que se dedica a hacer, todo el tiempo, campaña electoral de su partido. Cuando le preguntaron a Sarkozy por qué no había comenzado antes la campaña electoral, la respuesta fue rotunda: la situación del país no lo permitía…

López se atribuye logros increíbles, como que ha liderado el cese final de la violencia de ETA, cuando en realidad el gobierno de López no ha hecho absolutamente nada en esta cuestión. Será insufrible la campaña de López y su partido hasta las elecciones, insultando y descalificando a sus adversarios más directos y atribuyéndose logros inexistentes o de otros. Convendría estar atentos para contrarrestar estos despropósitos.