EL pulso está servido. Va a ser largo, complicado y no exento de numerosas tensiones. Esta vez la confrontación no se librará entre la televisión pública y la privada por la tarta publicitaria o la doble financiación; sino en el número de múltiplex de TDT y por lo tanto de cadenas, que finalmente se quedará cada adjudicatario.

Cuando el Gobierno español aprobó la Ley de Televisión Privada en 1988, la ciudadanía celebró la llegada de las tres empresas que emitirían en abierto y una cuarta con la señal codificada. Se rompía el monopolio estatal -porque algunas cadenas autonómicas ya emitían desde 1983- y la oferta se auguraba variada y de calidad.

Veinticuatro años después, la cantidad de cadenas que podemos ver bien de forma convencional, por plataformas digitales, de pago, o por internet es casi infinita, con la correspondiente fragmentación de audiencias en detrimento de las que disfrutaban la hegemonía televisiva.

Desde el Ministerio de Industria se pretende que las televisiones renuncien a la mitad de su canales como una simple cuestión de ahorro; solo que los operadores no están dispuestos a perder una sola frecuencia, tras la futura reordenación del nuevo espacio radioeléctrico. Se trata de una guerra que se librará en los despachos y en los medios de comunicación, pero y el ciudadano que es el consumidor y destinatario de tanta oferta: ¿Qué piensa? ¿Se necesitan realmente tantas cadenas en las que se repiten espacios e incluso buena parte de las programaciones enteras de otros canales de un mismo grupo, con el único objetivo de dotar de contenido a una frecuencia asignada?

Si echamos un vistazo a los distintos grupos de comunicación audiovisual, tanto públicos como privados, que operan en España, veremos que en los últimos años han multiplicado por cuatro y hasta por seis el número de canales. Casi todos ellos cuentan con una variada oferta de canales temáticos de todo tipo. Infantiles, deportivos, dirigidos a la mujer o conectados a la telerrealidad de forma ininterrumpida; dependiendo del perfil del espectador al que quieran dirigirse. Pero, con las audiencias que cosechan, ¿son realmente rentables? O, ¿estamos ante una cuestión de imagen y de tener una presencia en el mercado?

Económicamente a la mayoría de los grupos audiovisuales no les cuadran los números. El nivel de calidad de los contenidos, en determinados casos, es más que discutible, aunque algunos de ellos ofrecen una programación humilde pero muy digna.

Ahora el Gobierno responsable de reordenar el espacio radioeléctrico ya ha lanzado una primera oferta. Desde el Ministerio de Industria se ha propuesto a los operadores de televisión que renuncien a la mitad de sus canales para que el sector audiovisual pueda ser más sostenible. Como contrapartida y con el horizonte de 2015, cuando se produzca el nuevo cambio de frecuencias, el plan diseñado desde el Ministerio contempla, entre otras cosas, evitar a los operadores el coste económico que les supondría migrar a otras frecuencias. Solo que las televisiones privadas especialmente, las más afectadas -aunque las de titularidad estatal tienen el mismo problema- han mostrado su total oposición a la propuesta gubernamental.

Quien ahora cuenta con un múltiplex que le permite tener cuatro canales, pasaría a quedarse con la mitad, y tanto las cadenas privadas como las públicas no están dispuestas, en principio, a perder lo que ahora tienen. Además, las licencias con las que cuentan no expiran hasta 2025, lo que significa que todas las partes, si quieren solventar esta cuestión, están condenadas a negociar. Porque la banda de frecuencia que ocupan en la actualidad, el Ministerio tiene que liberarla antes del 2015 para que las empresas de telecomunicaciones desarrollen nuevos servicios de telefonía móvil. El coste de la operación no es baladí: desde el Gobierno se ha cuantificado en nada menos que 800 millones de euros la cantidad a la que ascendería el nuevo apagón de 2015.

Es lógico que quien tiene una serie de frecuencias adjudicadas por ley no esté dispuesto a renunciar a la cuota de pantalla con la que cuenta importante o residual, pero a fin de cuentas presencia en el mercado. Ahora bien: ¿hasta cuándo van a poder mantener la emisión de unos canales especializados de audiencias ínfimas en la mayoría de los casos? ¿Hay dinero para mantenerlos?

¿No sería mejor apostar por menos canales de mayor calidad sea cual fuere el género, y que se convirtieran en buenas referencias para la ciudadanía, que mantener por el simple hecho de tener adjudicada una frecuencia, canales sin ningún tipo de repercusión?

En toda crisis hay que buscar la oportunidad, y quizá sea una buena ocasión para que con la mayor dignidad e inteligencia se puedan retirar del panorama audiovisual canales sin rentabilidad alguna de ningún tipo. La precaria situación económica y la reorganización del mercado también pueden ser una ocasión excelente para seguir en el mercado dignamente y suprimir de forma elegante y sin ruido canales que no los ve casi nadie. Podría ser una buena oportunidad para todas las partes, aunque tengan que escenificar lógicamente cierta pugna por un apagón que se quiera o no se producirá en tres años, o quizás antes. Ganarían todos. Especialmente las de titularidad pública. Cuestión de simple pragmatismo.