Ni agua

O sea, literalmente, ni agua. La reacción y las movilizaciones en el delta están a punto de reiniciarse, como las que ya se conocieron contra el plan hidrológico con trasvase del gabinete de Aznar, ante la que consideran amenaza segura de desastre ecológico (y económico) en la zona, con aumento de salinidad, pérdida de espacios húmedos, de fauna y de flora autóctonas.

Cuando estas líneas lleguen al lector, se conocerá ya hasta qué punto el cierre parcial de fronteras ha sido eficaz (la duda, a la hora de escribir, es más que razonable) para evitar movilizaciones y violencia durante la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona, toda una ocurrencia esta elección de sede, después de los antecedentes de la pasada huelga general.

Las decisiones de limitar derechos y tratados -en este caso, la libre circulación dentro de la UE, el de Schengen- se multiplican con dudosa eficacia. El ministro de Interior, Fernández Díaz, ha prohibido que el movimiento del 15-M vuelva a ocupar la Puerta del Sol de Madrid, pero la Generalitat no impedirá la ocupación temporal de la plaza de Catalunya de Barcelona, al menos de entrada. Sería, según el Govern, impedir el libre uso de un espacio público. Que se queden, y acabe el episodio como acabó el primero, con nuevo coste de autoridad moral para los Mossos de Esquadra, policía catalana, y su máximo responsable, el conceller de Interior, Felip Puig, es algo previsible con alta probabilidad.

Aquellos indignados se quedaron con el nombre, pero no son los únicos movilizados. Uno de los colectivos contestatarios más peculiares del Principat es el de los yayoflautas, que asumieron la calificación peyorativa del ejecutivo del Estado y, con el tiempo libre de los jubilados, empezaron circulando en autobús sin pagar el billete y siguieron ocupando la sede de la Consejería de Interior para reclamar la liberación de los detenidos durante la huelga general de marzo.

Otra insumisión ha sido (si no continúa) el movimiento "No vull pagar" (No quiero pagar) que se salta peajes clave en la red de autopistas de Catalunya. El Govern de CiU "comprende" el móvil, la indignación al sentirse discriminados por tanto pago obligado mientras en la mayoría del Estado las vías rápidas son de libre uso, pero se considera obligado a aplicar la ley, aunque sea de los primeros setenta, que obliga a satisfacer la tasa. Pese a la espectacularidad, y el apoyo de las fuerzas independentistas, de Esquerra a las más minoritarias, el porcentaje de los que seguían la consigna era mínimo, muy por debajo del uno por ciento de los usuarios, mientras la posibilidad de sanción, con multas máximas de 100 euros, parecía difícil de aplicar, según algunos juristas.

Por ahora, las revueltas de la ciudadanía, o de sectores de la ciudadanía catalana, parecen de escaso calado, además de muy minoritarias, algunas con objetivos poco definidos (la de los indignados, especialmente), pero existen y se van ampliando en número. Como va creciendo la expresión de la voluntad de independencia, no solamente en las encuestas, también en ámbitos hasta hace poco insospechables, como el empresariado, o en manifestaciones de personalidades de gran prestigio, como el president Pujol, con el añadido del último congreso de la Convergència Democràtica de Mas, donde se fijó como objetivo político final, cuando las condiciones -una mayoría clara en la voluntad popular, reflejada en las instituciones- lo haga posible. Algo que se va aproximando en la medida que se demuestra que de España no se puede esperar ni agua. Y no solo para el final del Ebro.