El futuro de las pensiones y el paro actual
ESTAMOS viviendo malos momentos para los sectores populares de la sociedad. Estamos huérfanos de gobernantes competentes, progresistas, humanistas o de izquierdas. Todos, salvo alguna excepción, siguen las directrices del FMI (Fondo Monetario Internacional), el BCE (Banco Central Europeo) y de los organismos europeos. Interesados en complacer o servir eficientemente a los mercados financieros internacionales y a sus beneficiarios que, en ningún caso, son los sectores populares de la población. Los gobernantes españoles del PSOE, de aquí y de allá, se complacen en llevar a efecto las medidas, generalmente antisociales, que marcan estas instituciones sin reparar en la realidad actual del Estado español. Ni una sola idea propia, capaz de afrontar la crisis económica/financiera, teniendo en cuenta la situación del país y sin perjudicar, más, a los sectores populares. Es sorprendente, que al nuevo ministro de Trabajo lo primero que se le ocurra sea abordar la cuestión de las pensiones -no precisamente para resolver problemas actuales, algunos de extrema gravedad, de los y las pensionistas, sino, más bien, para empeorar las condiciones del sistema futuro- teniendo más de cuatro y medio millones de parados. Esta tendría que ser la prioridad absoluta, superar esta situación vergonzante, tomando todas las medidas necesarias. Éste, y no otro, es el talante del presidente Rodríguez Zapatero, que es el responsable de marcar las directrices del gobierno español.
Las directrices que se marcan no son las más adecuadas y van en sentido contrario a lo necesario y deseable en estos momentos. Efectivamente, ahora lo más urgente es activar la economía general en todas las áreas, impulsando muy especialmente los sectores públicos, como tractores y estímulos de los demás, para reducir el paro drásticamente hasta alcanzar cotas razonables similares a las mínimas de Europa. Esto, además de resolver el problema dramático de los afectados, aportaría a las diferentes arcas públicas, del orden de 20.000 millones de euros-año por pagos a la Seguridad Social e impuestos. Reduciría gastos por desempleo, subsidios y ayudas diversas. Aumentaría el consumo de los que normalizan su situación laboral y la producción de productos de bienes y servicios repercutiendo en la recaudación de impuestos. Impresionante. ¿Qué se esta haciendo para resolver/superar este autentico despropósito?
Suponiendo que fuera necesario retrasar la edad de jubilación, por diversas razones, éste no es el momento. Ahora, es el momento de reducir el paro como prioridad absoluta. Retrasar la edad de jubilación dificultaría aun más lograr este dramático objetivo. Cualquiera, medianamente cabal, es consciente de la dificultad que implica reducir drásticamente el paro. Pero será mucho más difícil si no se dedican sistemática y concienzudamente a ello. Ahora no es el pacto de Toledo lo prioritario. Lo prioritario es dedicarse a esta cuestión básica, dramática para los afectados y con repercusiones trascendentales para las finanzas públicas. Una comisión de trabajo, interministerial, apoyada por especialistas de las diferentes áreas de actividad económica (industria, agricultura, servicios, construcción?) sería lo más conveniente para impulsar y tomar medidas adecuadas y proporcionales. No se trata de sacarse fotos y echar discursos. Se trata de trabajar concienzudamente, con discreción y sin distraerse demasiado en otras cuestiones.
Las instituciones que hemos señalado y algunas organizaciones privadas en España están insistiendo al Gobierno para que actué sobre el sistema de pensiones. Al mismo tiempo, reconocen que el sistema es solvente y que puede crear problemas a partir del año 2030. Procede esperar algún tiempo y madurar suficientemente a fin de replantear el sistema más apropiado para el futuro. No se trata de complacer a los organismos internacionales u otros agentes. Esto no basta, porque es insuficiente, incompleto, defectuoso y, tal vez, injusto. Este tipo de estudios previsionales que afectan a las personas, a la gran mayoría de la ciudadanía, debe ser realizado de forma multidisciplinar, multiideológica, multisocial? o sea, de todas las áreas de la actividad y pensamiento, para que pueda ser equilibrado y ajustado a la realidad.
Es prácticamente imposible prever a 25/40/50 años la evolución que se va a experimentar en el desarrollo tecnológico integral, es decir, en todas las áreas, lo que repercutirá de forma importante en los medios de producción de bienes y servicios. Esto determina la imposibilidad de conocer de antemano con cierta precisión las necesidades de mano de obra que será necesaria, para responder a la demanda de bienes y servicios en cada momento. Que países europeos como Suecia, Holanda, Reino Unido y Alemania hayan hecho algo sobre este tema es un dato interesante, pero no suficiente. Cuando se compara con otro país, hay que tener en cuenta todos los aspectos relacionados con el mismo, no solo un aspecto, el que interesa al argumento. Es posible que estos países sean muy fieles a las directrices del FMI. Esto no vale, si no se pondera adecuadamente.
No es correcto tratar el sistema de pensiones en sí mismo, sin tener en cuenta el conjunto del Presupuesto del Estado. Hay que establecer claramente los flujos de ingresos más el déficit máximo y, a partir de ahí, la distribución del gasto. Es sencillamente inmoral no abordar decididamente el fraude fiscal (23/25 % del PIB), dos veces y media del déficit público. Es inmoral, porque esta repercutiendo negativamente en las prestaciones sociales e impide disponer de fondos suficientes para impulsar la actividad económica en todas las áreas, cuya consecuencia inmediata sería la reducción del paro. Por otra parte, hay que reducir drásticamente los gastos de la administración del Estado, eliminando las duplicidades que existen. ¿Alguien puede justificar que en la CAV existan delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y delegaciones provinciales de diversos ministerios, existiendo tres estamentos básicos de gestión y decisión: Gobierno y Parlamento Vasco; Diputaciones y Juntas generales y Ayuntamientos? No; no son necesarios en modo alguno, hay que suprimirlos por innecesarios. Esto mismo, tendría que extender el Gobierno español, a otras áreas y comunidades autónomas.
Finalmente, cuando abordamos cuestiones como ésta, nos invade el sentimiento y la aspiración profunda de tener capacidad de decisión y gestión en Euskal Herria, para tratar y decidir sobre estas materias de una forma bien diferente.