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De lo privado a lo público

HOY se cumplen 50 años desde que el general Trujillo ordenase el asesinato de las hermanas Mirabal. Las alas de aquellas mariposas se cortaban después de varias detenciones, violaciones y torturas. En honor a estas valientes mujeres dominicanas, cada año, desde 1981, la ciudadanía y las instituciones conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, una de las mayores lacras de esta sociedad. La lucha, el compromiso y la valentía de estas hermanas representa el sufrimiento de tantas y tantas mujeres que han vivido y viven la violencia ejercida por los hombres. Y recordándolas acompañamos a las mujeres de hoy y de aquí.

Es importante situar en primer lugar las raíces de la violencia que se ejerce hacia las mujeres en el machismo, en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres y en un ejercicio de poder por parte de los hombres; la violencia es sin duda la máxima expresión de la desigualdad de género.

Por ello en las medidas que adoptamos la sociedad en general, y las instituciones en particular, no debemos olvidarnos de luchar contra la raíz del problema porque sólo la igualdad real garantizará definitivamente el objetivo último: que no haya ni una víctima más. En este sentido me preocupa el matiz policial de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, al ser incluida en el organigrama de la Consejería de Interior del Gobierno vasco y no engarzada en Emakunde, el instituto vasco de la mujer, cuyo objetivo es la consecución de la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos.

Es importante también enmarcar legislativamente el tratamiento que la sociedad da a la violencia hacia las mujeres. Reconocemos expresamente el avance que una legislación específica en la materia supone. Es un gran paso que permite una atención más específica, rápida y eficaz en este tipo de delitos, tanto para actuar contra el agresor como para defender y cuidar a la víctima. Pero este reconocimiento no está exento de crítica. Y es que la violencia hacia las mujeres que reprobamos cada 25 de noviembre es cualquier tipo de violencia ejercida hacia ellas sólo por el hecho de ser mujeres, más allá de lo contemplado en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Porque esta ley solo se refiere a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o ex pareja y deja fuera otro tipo de agresiones.

Hoy ante este 25-N quiero hacer una reflexión que busque mi particular implicación como hombre y como responsable público en la erradicación de un mal que nos carcome como sociedad. Como hombre me enfrento a una corriente conservadora que está queriendo trasladar a la sociedad la idea de que las reivindicaciones de las mujeres son en realidad acciones contra los hombres. Y que por tanto, fechas como el 25-N son solo para dar publicidad a un problema que no es tal y ofrecerle la cobertura de lo políticamente correcto. Precisamente como hombre, me niego a entrar en ese juego y me rebelo ante esta trampa. La violencia hacia las mujeres no es sino la manifestación extrema de la desigualdad. Y detrás de este tipo de afirmaciones, que se extienden sin datos, que restan valor a las estadísticas y que hacen invisibles injustamente a las víctimas, no hay sino una acomodamiento en la desigualdad, un temor a la pérdida de poder.

Somos muchos los hombres que de verdad buscamos esa igualdad y que queremos también entrar en los terrenos tradicionalmente femeninos que nuestro rol masculino nos ha vetado desde siempre. Los hombres hemos pensado que la igualdad era un trabajo de las mujeres. Hemos creído que igualdad era que las mujeres hicieran lo mismo que nosotros. Hemos pensado que la igualdad no tendría que alterar nuestro modo de vida y que bastaría con que les facilitáramos la adaptación a nuestro modelo. Pero no es así. Lo que tenemos que construir es un modelo nuevo.

Las mujeres aún cargan con gran parte del trabajo que esta sociedad necesita para seguir adelante y cuya dimensión más esencial es el cuidado de las personas dependientes. Si las mujeres se incorporan a lo público pero nosotros no las liberamos de lo privado, siempre estarán en desventaja. Y ello genera y generará además la frustración de la doble jornada, no reconocida y peor pagada. Y la frustración de haber vivido un espejismo de igualdad.

Estamos en una nueva fase de la lucha, aquella que nos implica a los hombres a entrar en los terrenos tradicionalmente femeninos. Es el momento de pasar a la acción, de que nos tomemos nuestros permisos de paternidad; de que cambiemos "presencia" en el trabajo por "productividad", de que llevemos a nuestros niños y niñas al médico, de que reprochemos abiertamente comentarios sexistas hacia las mujeres y de que cuando esté en nuestras manos elijamos también a mujeres para puestos y tareas en las que habitualmente no han estado simplemente porque nunca nos hemos preguntado si pueden estar. Es tiempo de pequeños y grandes pasos de cada uno de nosotros en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros entornos laborales y de ocio.

Desde las administraciones no podemos limitarnos a esperar. En una cuestión como es la defensa de los derechos humanos, en este caso de los derechos de las mujeres, la administración debe actuar con más fuerza que nunca. En nuestra sociedad, el trabajo gratuito realizado tradicionalmente por las mujeres está siendo asumido en parte por las administraciones mientras que las tasas de natalidad caen drásticamente y nos falta el recurso más preciado: el relevo generacional, la mano de obra.

Por ello, en el equilibrio social necesario para el sostenimiento de la sociedad, es indispensable el reparto equitativo de las tareas. Con un nuevo reparto aprovecharemos todo el talento femenino, cuidaremos el relevo generacional y no agotaremos más a las mujeres. En este sentido, la última medida de la UE de proponer alargar la baja de maternidad es una oportunidad perdida para la igualdad. Es una medida natalista, pero no igualitaria. Está pensada desde la preocupación por las bajas tasas de natalidad, pero vuelve a cargar sobre las mujeres esa responsabilidad.

Mi reflexión hoy me lleva a este mismo punto en lo relativo a la corresponsabilidad. No podemos pretender que la corresponsabilidad sea una cuestión a negociar y debatir en cada familia, no podemos pedir que se produzcan conflictos familiares para resolver estas atribuciones. Tenemos que trasladar esta cuestión del ámbito privado al público. Las administraciones debemos favorecer esa corresponsabilidad, no sólo con nuestros discursos, también con nuestras leyes y con nuestro ejemplo. Debemos contribuir a que haya recursos que favorezcan el cuidado de las personas dependientes y debemos contribuir a que sea más sencillo para los hombres el acogerse a permisos de paternidad, excedencias, reducciones y licencias.

No quiero terminar sin volver al inicio de este artículo: a las víctimas. Porque, con todo, el 25-N es el día de esas víctimas, sobre todo de las muchas que permanecen ocultas.

Que el punto lila que estos días colguemos les recuerde que estamos con ellas y que el trabajo por la igualdad es un trabajo de todas y cada una de las personas de esta sociedad.

Que el punto lila nos recuerde a las administraciones que tenemos que jugar un papel activo en la consecución de la igualdad y que en ello nos jugamos el futuro.