SI ustedes me preguntan si las grandes empresas energéticas o cualquier otra compañía de las de la Champions League económica deben pagar impuestos en función de sus resultados, la respuesta es un sí rotundo. No hace falta ser el más zurdo de los zurdos para defender que esos beneficios de mareo que nos anuncian ufanamente cada trimestre tienen que tener un reflejo justo en las arcas públicas. ¿Y qué significa justo? Interpelaría al sentido común, pero me temo que peco de ingenuo, así que me ceñiré al término medio de lo que proclaman (es decir, vociferan) los demagogos de una y otra bandería. Entre la barra libre para ganar pasta a manta sin rendir cuentas por ella y la exigencia de socializar hasta el último céntimo creo que hay un vasto terreno central en el que deberíamos llegar a un acuerdo no solo lógico sino, insisto, justo. Por lo que nos toca más de cerca, en el caso que nos ocupa (y en el de cualquiera que tenga que ver con la fiscalidad, en realidad), parece de carril que, puesto que tenemos herramientas que han demostrado su eficacia como el Concierto o el Convenio, cualquier impuesto, tributo, gravamen o como la tramposa semántica decida llamarlo que se promulgue en el Estado debe ser gestionado por las Haciendas de los cuatro territorios forales. Veo a Oskar Matute o Mertxe Aizpurua levantar una mano imaginaria para dejar constancia de que en el último giro de guion, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con los representantes de EH Bildu a concertar el dichoso impuesto con la CAV y Nafarroa. Uno gasta memoria floja, pero le llega para tener presente que hará no mucho más de un año, quizá incluso menos, el evanescente Sánchez le prometió exactamente lo mismo al PNV. Una vez más, el incumplimiento ha sido clamoroso. ¿Qué motivo hay para creer que esta vez el campeón sideral de ser infiel a la palabra dada obrará de un modo diferente? Me temo que ninguno. Y menos, con sus socios jacobinos llamándole al orden centralizador.
