Hace hoy exactamente 75 años empezó a conmemorarse el Día Internacional del Euskera. Fue, como se dice en la declaración de la presente edición, en un contexto histórico mucho más complicado que el actual. Sin embargo, se añade en el documento que el espíritu de 1949 sigue siendo válido. Es decir, que se mantiene la necesidad de defender y promover la lengua vasca. Si optamos por ver la botella media llena, es innegable que a lo largo de estos tres cuartos de siglo y, particularmente, en los últimos cuatro decenios, ha habido grandes avances. Más allá de lo evidente –es decir, de haber pasado de la prohibición y la persecución a la cooficialidad–, se ha frenado la sangría de hablantes, se ha conseguido una visibilidad que era imposible de soñar por quienes comenzaron a desbrozar el camino y, por no extenderme, hoy el euskera es una realidad en los ámbitos educativo, cultural, político y, con sus resistencias, el institucional. Vamos más tarde de lo que imaginábamos en otros terrenos como el comercial, empresarial, sanitario y no digamos en el judicial, donde se detecta una preocupante resistencia que, por desgracia, parece ir a más. Y creo que es ahí donde ahora mismo reside el mayor motivo de inquietud porque las decisiones de jueces que menoscaban los derechos de los euskaldunes van más allá de los propios tribunales. Aunque, en última instancia, las resoluciones las adopte un magistrado, los procedimientos son impulsados desde otros sectores, como el sindical y/o el político. Que eso sea así nos revela que hay un sustrato social de rechazo (o, como poco, de recelo) respecto al euskera lo suficientemente amplio como para que cale la falsa percepción de que las discriminadas son las personas que solo son capaces de desenvolverse en castellano. Esto es así, en buena medida, por la irresponsabilidad de quienes todavía buscan obtener réditos partidistas agitando polémicas sobre una lengua que nos pertenece a todos.
