a Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno español y que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica en vigor aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lleva camino de convertirse, si no se remedia, en papel mojado con cierta fuerza simbólica y emotiva y lleno de buenos propósitos pero sin una aplicación práctica que ofrezca reconocimiento, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura franquista. El acuerdo publicitado entre los socios del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) respecto a una enmienda que, en teoría, permitiría sortear la Ley de Amnistía de 1977 con el objetivo de poder acabar con la impunidad de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo va en esa línea de generar una nebulosa respecto a conceptos que, como el de justicia -y, también, el de justicia universal- deberían ser transparentes e irrenunciables. Que la Ley de Amnistía no se podría “derogar” sin más era una evidencia. El problema es que esta norma, que lleva 44 años en vigor, ha sido utilizada como un muro contra el que se ha estrellado cualquier intento de investigar hechos que se insertan de lleno en violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y tortura. La enmienda de PSOE y Podemos incide en que actos de esta naturaleza tendrán a partir de ahora “la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Es decir, que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria, los tribunales no podrían rechazar las peticiones de investigación sobre estos hechos bajo el argumento de que han prescrito o vulneran la Ley de Amnistía del 77. Ello supondría, por fin, el respeto a los preceptos del derecho internacional, que obliga a su investigación y, en su caso, a los encausamientos que pudieran darse. Eso es la justicia. La dispar interpretación sobre las consecuencias reales de esta enmienda que han ofrecido PSOE y Podemos en su enésima confrontación entre socios de gobierno plantea dudas sobre su eficacia, además de mostrar de nuevo la inmensa capacidad de improvisación del Ejecutivo. Las explicaciones realizadas hasta ahora han generado confusión en la opinión pública y frustración en las asociaciones memorialistas. La Ley debe ser inequívoca en el derecho imprescriptible de las víctimas a su reconocimiento, justicia y reparación.