A conmemoración de los aniversarios de los asesinatos por parte de ETA del niño de 2 años Fabio Moreno y del juez José María Lidón -atentados que tuvieron lugar hace hoy 30 y 20 años, respectivamente- y la visita realizada a Gasteiz y a Madrid de una delegación del Parlamento Europeo con el objetivo de recabar información sobre los 379 crímenes aún sin resolver de la banda terrorista han vuelto a situar en la agenda política y mediática el injusto sufrimiento padecido por las víctimas y la necesidad de ofrecer a los damnificados la cercanía, memoria, verdad, justicia y reparación que aún les debe la sociedad. Cabe, por ello, subrayar en primer lugar la motivación política esgrimida siempre por ETA, lo mismo respecto al asesinato de un niño hijo de un guardia civil que de un magistrado, y su empeño en justificarlos como accionesrealizadas en nombre del pueblo vasco.Las palabras pronunciadas ayer en Erandio por la consejera Beatriz Artolazabal en las que pidió a los familiares de Fabio Moreno "perdón por los silencios, por mirar a otro lado, por nuestros miedos, por haber tardado en alzar la voz y no haber sentido como propio vuestro dolor" tienen el sentido de remarcar la doble injusticia sufrida por las víctimas: la del propio asesinato y la del silencio, cuando no el olvido. El crimen de José María Lidón es paradigmático de la situación, pues además de la eliminación física del magistrado estuvo concebido y perpetrado como una amenaza directa para amedrentar a toda la judicatura vasca y es uno de los asesinatos sin resolver. En este sentido, la delegación del Parlamento Europeo que ha visitado Euskadi y Madrid con el objetivo de realizar un futuro informe sobre los atentados no aclarados, aunque llega muy tarde, debería ser una buena oportunidad para abrir un camino hacia la verdad de lo sucedido y hacia la justicia y reparación a las víctimas. El sesgo de la iniciativa -muy loable, en todo caso- desde sus inicios y su propia agenda -en la que sus componentes no han tenido a bien reunirse y recabar la información y la visión de las instituciones y agentes vascos, incluida la propia justicia- es, de partida, un obstáculo que puede y debería ser subsanado en estas próximas semanas previas a la elaboración de su informe, de cara a lograr el objetivo común de promover la verdad y la justicia.