Editorial

Ministros indisciplinados

20.05.2021 | 01:07

En el largo proceso de negociación de las competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika ha sido casi una constante su bloqueo desde ministerios en función de criterios de sus titulares; debe cesar ya

CUATRO décadas de proceso de transferencias a Euskadi han dado de sí para extraer algunas conclusiones e identificar ciertos vicios constantes. Entre las conclusiones, la evidencia de que el marco del 79 permitió diseñar un modelo de Estado infinítamente más abierto, más descentralizador y más cooperativo que el que los sucesivos gobiernos socialistas y populares han pretendido gestionar desde entonces. La bilateralidad, un principio que planea sobre todo modelo de relación en el que se contempla las traslación de competencias exclusivas entre administraciones, con la fórmula de comisiones mixtas consabrada por el marco vasco, ha sido la principal castigada en el sucesivo deterioro del modelo. Desde el "café para todos" de Felipe González a la estrategia recentralizadora mediante leyes básicas de la última etapa de Mariano Rajoy, competencias sensibles por diversos motivos han sufrido el secuestro de su proceso de transferencia o el intento de vaciarlas de contenido mediante normas de impacto estatal. Los últimos acuerdos para la culminación del cumplimiento del Estatuto de Gernika han sido impulsados, como de costumbre, por la necesidad del gobierno de Sánchez de estabilizarse mediante el respaldo del Grupo Vasco del PNV en el Congreso. Otra constante. Pero ni siquiera en estas circunstancias se ha conseguido superar uno de los vicios ocultos del Gobierno del Estado: la celosa salvaguarda de un modelo de control de las competencias por parte de los ministros de turno cuya obligación es desprenderse de la vertiente vasca de su ámbito de gestión. No es un caso menor el del Ingreso Mínimo Vital, por más que exista un marco de gestión ejecutiva del mismo por parte de Lanbide mediante acuerdo de encomienda. No lo es porque la desidia del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene un fondo de oposición a materializar el traspaso por razones políticas, por su consideración de lo que debe ser el modelo y no por dificultades técnicas. Esto ha supuesto dejar en evidencia los compromisos públicos del Gobierno de Sánchez, explicitados por su ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Lo que lleva a preguntarse si en el Gobierno español falta disciplina para cumplir sus líneas estratégicas y, directamente, la legalidad. Un mal augurio cuando en el horizonte está la obligación de concretar la transferencia del régimen económico de la propia Seguridad Social.

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