A arrolladora victoria del Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones celebradas el jueves ha dado un nuevo impulso a la puesta en marcha de un segundo referéndum de autodeterminación de una nación que ha dado sobradas muestras durante los últimos años de su firme voluntad de decidir su futuro de forma legal y democrática. La formación liderada por Nicola Sturgeon se presentó a los comicios con el compromiso expreso de, en caso de lograr la mayoría de votos, convocar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia tras el celebrado en 2014 y que, merced a las maniobras poco democráticas y la manipulación ejercida por los sectores unionistas, arrojó un resultado contrario a la secesión del 55% de los votos frente al 45% a favor. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Para empezar, Escocia, contra la voluntad expresada en las urnas por una abrumadora mayoría de su ciudadanía que votó en contra del Brexit, se ha visto fuera de la Unión Europea, lo que ha incrementado sus ansias de independencia del Reino Unido. La nueva y reforzada mayoría independentista en el Parlamento escocés llevará, tarde o temprano, al nuevo referéndum, pese a que el primer ministro, Boris Johnson -adalid del Brexit- ya ha anunciado su oposición. La cuestión, por tanto, es cómo se hará. Sturgeon ha anunciado por activa y por pasiva que quiere un referéndum legal y acordado con Londres, pero que, en caso de una negativa a dar la autorización, no descarta otras vías, como un referéndum previo o consultivo o la aprobación de una ley propia que le dé carta de naturaleza legal. Son alternativas que desde la perspectiva de Euskadi suenan conocidas, porque han sido planteadas por el nacionalismo vasco. El derecho de autodeterminación, como derecho universal que es, necesita en cualquier parte del mundo de condiciones, cauces y mecanismos legales para su ejercicio más allá de la voluntad o la actitud obstruccionista del gobierno de turno. Ayer mismo, Día de Europa, tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el PNV volvieron a demandar el reconocimiento de las naciones sin estado y un mayor peso de las regiones en la construcción de una Europa federal que reconozca la autodeterminación y su encaje mediante una directiva de claridad. En definitiva, democracia y legalidad frente a cualquier tipo de imposición unilateral, en Escocia, en Euskadi y en Europa.