Editorial

Garantías plenas frente a la pandemia

13.02.2021 | 00:58

Más allá de polémicas por las decisiones de determinados jueces, Euskadi necesita con urgencia contar con todas las herramientas legales para adoptar medidas para frenar el virus

MIENTRAS la pandemia de covid-19 parece haber entrado en Euskadi en una fase descendente –escenario que aún deberá consolidarse en el tiempo– aunque la tensión hospitalaria, sobre todo en las UCI, sigue estando en un nivel muy alto, el comité asesor del Plan de Protección Civil (LABI) decidió ayer mantener básicamente las medidas ya vigentes para frenar los contagios, aunque con la autorización de movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas y deportivas al aire libre. Un cambio mínimo en las restricciones de movilidad que en ningún caso altera la dureza de las medidas impuestas. Si alguien creía que el lehendakari y el LABI iban a aprovechar esta reunión ya prevista anteriormente para cumplimentar una especie de vendetta tras la insólita decisión del TSJPV de reabrir la hostelería, quizá no haya entendido el carácter y motivación de las medidas ni la probada responsabilidad con que están actuando las instituciones vascas, especialmente en esta materia. El propio lehendakari informó ayer de que el Gobierno vasco no recurrirá el auto pese a no compartirlo y mostró su convencimiento de que cuando se dilucide sobre el fondo de la cuestión se probará que la razón científica y de salud pública exigía la adopción de estas restricciones. Urkullu, en todo caso, puso de nuevo sobre la mesa la imperiosa necesidad de que Euskadi cuente con los mecanismos legales necesarios para que las decisiones que se adopten frente al covid-19 cuenten con todas las garantías jurídicas. Por ello, reveló que ha enviado una nueva carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que esta cuestión sea analizada con urgencia con las comunidades autónomas, como corresponde a una gestión compartida y de cogobernanza. Esta seguridad jurídica se está revelando cada vez más necesaria. No es de recibo que determinados jueces puedan paralizar, incluso cautelarmente –es decir, sin entrar al fondo de una cuestión tan trascendental y que afecta a la salud pública– medidas avaladas por todas las instancias sanitarias y científicas. La sociedad vasca necesita en momentos como estos, más allá de polémicas por decisiones de determinados jueces, contar con todas las herramientas competenciales y legales precisas para hacer frente a una situación de grave crisis sanitaria. Nada más y nada menos.

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