L levantamiento por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del secreto de sumario de la causa por la denominada operación Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, desarrollado desde el Ministerio del Interior del Gobierno español presidido por Mariano Rajoy, permite conocer aspectos de la investigación judicial que, a través de las declaraciones de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad entre 2012 y 2016 con Jorge Fernández Díaz, confirman la continuada patrimonialización del poder que, en beneficio particular y partidista, ha caracterizado al Estado español no solo y también antes pero de forma más evidente con los últimos gobiernos del Partido Popular. Que los dos años de pesquisas judiciales apunten ahora a la probable imputación del exministro Fernández Díaz, de su compañera de gabinete en la cartera de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e incluso del propio expresidente Mariano Rajoy ratifica hasta qué punto los líderes políticos habrían contribuido a la degeneración de un Estado corroído en sus principales instituciones: desde la denostada monarquía a los sucesivos ejecutivos y las relaciones de ambos que lo permitían, la de estos con los órganos de gobierno de la Justicia a través del proceso de designaciones que protegía esas relaciones, y del sistema judicial con los cuerpos de seguridad mediante el empleo de todos sus recursos con esos mismos intereses concretos e incluso desde la inobservancia de fundamentos constitucionales y democráticos. No cabe olvidar, al respecto, que la causa que ahora instruye García Castellón deriva directamente de aquella otra sobre la financiación irregular del PP -y de los sobresueldos de sus principales dirigentes- a través de la instruida sobre la contabilidad opaca realizada por Bárcenas. Y que toda esa trama de patrimonialización del Estado se desarrolló y mantuvo en pleno ambiente de exaltación patria y persecución de disidencias nacionales mientras las instituciones estatales eran utilizadas, desde su jefatura a sus administradores, como meras -y heredadas- herramientas de enriquecimiento y negocio de las élites que las han dirigido y regido desde que en 1939 el régimen de Franco promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas y en 1940 instruyó la Causa General contra la República.
