L continuado retraso en la convocatoria de la Comisión Mixta, obligada por el artículo 62 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo del Concierto Económico, que debe permitir fijar el límite del déficit y la capacidad de endeudamiento de Euskadi tras la caída de los ingresos impositivos por el covid-19, y el acuerdo parcial in extremis con el PP para sacar adelante planes de reconstrucción, ni mucho menos exentos de matices recentralizadores, alertan de la deriva de Pedro Sánchez -y con él de su gobierno de coalición PSOE-Podemos- hacia posiciones alejadas de las que hicieron posibles los acuerdos que propiciaron su investidura. Y ni siquiera la promesa del presidente español, ayer en el pleno del Congreso y a requerimiento del portavoz del PNV, Aitor Esteban, de una convocatoria de la Comisión para la que no especificó fechas contribuye a paliar dicha alarma. Tanto por la premura que impone la situación socioeconómica tras la pandemia y la necesidad de fijar el marco presupuestario en que podrá moverse la CAPV -en la misma situación se halla la Comunidad Foral de Nafarroa como porque no sería la primera vez que Sánchez ignora las obligaciones contraídas. Concretamente y por citar la directamente relacionada, aquella del pacto con el PNV por la que "el Gobierno de España se compromete a garantizar que el País Vasco tendrá en el ejercicio 2020 un porcentaje de déficit sobre PIB equivalente al descenso de recaudación previsto por las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos", lo que se debe establecer en el marco de la Comisión Mixta "en la primera semana de julio". Sin olvidar que las transferencias a que Sánchez aludió ayer son solo una primera parte de las comprometidas, cuyo calendario acumula asimismo notorias dilaciones. En todo caso, si ante el retraso de la Comisión Mixta el gobierno español podría esgrimir hasta esta semana como pretendida excusa la conveniencia de conocer el reparto de los fondos europeos, esta queda satisfecha con su aprobación por el Consejo. Y como todo ello se añade a la inclinación hacia la inobservancia de las especificidades del autogobierno vasco durante el estado de alarma o en proyectos adelantados para los próximos meses de "nueva normalidad" o a la ignorancia del mismo en materias acordadas con el PP (Agencia Nacional de Salud), la alarma ante la deriva de Sánchez se acompaña de enormes dosis de desconfianza.
