A decisión ayer del Consejo del Gobierno vasco de movilizar 140 millones de euros en distintas iniciativas de formación con el fin de recuperar los empleos perdidos a consecuencia de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus establece desde ya y pese a la cercanía de las elecciones al Parlamento Vasco las prioridades previstas por el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu y, por extensión, de todo el entramado institucional y socieconómico de nuestro país para los próximos meses. Sacar de las listas de desempleo a los 24.476 vascos que debieron inscribirse en ellas durante marzo, abril y mayo y regresar a tasas de paro inferiores al 10% -antes de la pandemia Euskadi se hallaba en el 9,2%- es el principal reto inmediato que afronta la sociedad vasca, aun si este se inscribe en un actuación global que comprende una transformación más amplia, también más extendida en el tiempo. Que en vísperas de proceder a una decisión de repercusión social tan evidente como la apertura de la movilidad con otras comunidades, especialmente Cantabria, y proceder, en virtud de sus atribuciones, a decretar el final del estado de alarma Iñigo Urkullu haya priorizado la presentación de cuatro programas de empleo para la formación de desempleados (65,9 millones), formación de trabajadores (30 millones), activación de planes locales de empleo (42 millones) y alternancia de empleo y formación para jóvenes (2,3 millones), es toda una declaración de sus intenciones, ya puestas de manifiesto mediante la convocatoria hace semanas de la mesa socioeconómica con todas las instituciones y agentes implicados y pese al desmarque posterior de la misma de ELA y LAB. No en vano la pandemia del coronavirus no ha hecho, no hace, sino acentuar aún más el imprescindible desafío de resituar a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en consonancia con los objetivos de la Unión Europea y a través del desarrollo de otro sistema productivo fundamentado en el desarrollo tecnológico y digital, otros parámetros ambientales mediante el desarrollo de nuevas energías limpias y un renovado modelo sociosanitario de servicios y atención al ciudadano, una triple transformación que el propio Gobierno vasco diseñó en su día para el horizonte del final de esta década que acaba de comenzar.