LA opinión emitida por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, considerando que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) utilizado en un millón de hipotecas por diversas entidades bancarias del Estado español debe estar sometido a tutela judicial para determinar si es abusivo porque el mero hecho de ser oficial no lo hace transparente, no solo pone en entredicho a la banca, ya señalada por sus modos y actividades con las cláusulas suelo, las multidivisa, las hipotecas subprime o las preferentes sino también a todo el sistema regulador, incluyendo a la propia Justicia española. Aun siendo cierto que el dictamen del abogado general del TJUE no es vinculante de cara a una sentencia que solo será definitiva dentro de dos o tres meses, no lo es menos que sus conclusiones -como ya se dejó sentir ayer en las cotizaciones brusátiles- marcan de modo nítido la línea a seguir por el TJUE, que posiblemente no se decante por la anulación completa del IRPH, con un coste calculado para la banca de 40.000 millones, pero seguramente sí por la devolución de la diferencia entre este índice y el euríbor, que supera los 17.000 millones de euros; más de seis veces el coste que han supuesto hasta la fecha las devoluciones por las denominadas cláusulas suelo. En cualquier caso, a la espera de la sentencia definitiva y más allá de las consecuencias que esta tenga sobre las principales entidades bancarias del Estado, la opinión de Szpunar cuestiona directamente al Banco de España, ya que no solo era la entidad encargada de elaborar un IRPH en cuya evolución podían influir las propias entidades que lo imponían por cuanto se elaboraba teniendo en cuenta la media de los préstamos concedidos por estas y aparentemente lo hizo sin las salvaguardas necesarias sino que además ha desoído las numerosas reclamaciones recibidas al respecto. Cuestiona asimismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que solo ahora ha exigido a la banca recalcular el riesgo que le supone las hipotecas referenciadas al IRPH. Y cuestiona la decisión del Tribunal Supremo, cuyo discutido fallo favorable a la banca, tras dictámenes contrarios de las audiencias de Bizkaia y Madrid y con el voto particular también contrario de dos magistrados, ha sido el origen del recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo.
