MAÑANA lunes, cerca de 375.000 estudiantes vascos regresarán a las aulas tras las vacaciones de verano en lo que será el arranque de un curso escolar que afronta importantes retos en diversos ámbitos y que se prevé caliente en cuanto a conflictividad, sobre todo en la enseñanza concertada dadas las posiciones que mantienen algunos sindicatos y patronales, pero también en espacios de la pública. Resulta obvio señalar que la educación es un aspecto vital en el desarrollo y progreso de un país y de sus ciudadanos y que determina y condiciona su vida y su convivencia presente y futura. Y, como tal, los poderes públicos deben garantizar un sistema educativo de calidad, en condiciones de libertad e igualdad y de respeto a los derechos de todos. Pero la enseñanza no es únicamente responsabilidad de la administración. Familias, alumnos, centros y agentes educativos tienen derecho y también la obligación no solo de participar en el funcionamiento del sistema de enseñanza, sino que deben ser corresponsables, y actuar como tal, en su mejora y en el logro de los objetivos marcados hacia una educación de excelencia en beneficio de toda la sociedad. En este sentido, el Gobierno vasco tiene previsto llevar al Parlamento el proyecto para la aprobación de una nueva Ley Vasca de Educación que sustituya a la norma vigente, que data de 1993. Transcurrido más de un cuarto de siglo, es obligado abordar un nuevo marco educativo propio para Euskadi mediante el que podamos afrontar los retos a los que se enfrenta la sociedad vasca -y, en primer lugar, sus jóvenes- en el cambiante y vertiginoso mundo del siglo XXI. Un proyecto que es fruto de un largo proceso de diálogo y aportaciones pero que aún debe contar con el aval de sectores educativos y políticos que amenazan con bloquearlo. Asimismo, el nuevo curso escolar arranca en la enseñanza concertada en los mismos parámetros que terminó el anterior, es decir, también con un bloqueo entre patronales y sindicatos que amenaza con volver a afectar -y de manera aún más relevante- a más de 100.000 familias. La sociedad vasca no puede permitirse este curso la repetición de un conflicto que objetivamente ha dañado a decenas de miles de alumnos y a sus familias -convertidos en rehenes del mismo- y ha deteriorado al propio sistema educativo. Un conflicto que debe salir de manera imperiosa de las aulas por la vía del diálogo y el acuerdo.