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A ningún gobernante le viene bien anunciar o decidir circunstancias negativas, y Pedro Sánchez ha derivado la imposición de restricciones a las respectivas autoridades autonómicas y que ellas se coman el marrón. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha demandado hasta la extenuación a Sánchez que prolongase el estado de alarma, pero como si oyera llover, que quien se quiera mojar allá él, que a lo más que estaba dispuesto a llegar era a poner el Tribunal Supremo a disposición de los gobiernos autonómicos por si a la rana le crece pelo y el alto tribunal pudiera frenar los previsibles autos denegatorios de los tribunales autonómicos. La solución Sánchez ha sido lavarse las manos y salga el sol -o el covid- por donde quiera. Vistos los antecedentes descabellados del juez Garrido cuando aún se contaba con el paraguas de la alarma y el pronunciamiento negativo de la fiscalía, estaba cantada la decisión del TSJPV.

El lehendakari Urkullu ya advirtió que no está dispuesto a recurrir al TS; para qué persistir en la incertidumbre, para qué permanecer al albur de los predecibles recursos de fiscalía, para qué seguir de tribunal en tribunal, de señoría en señoría, instalados en la inseguridad mientras se escapa de las manos el control de la pandemia. Urkullu no ha podido ir más lejos y ha decretado con el LABI una normativa de máximos, no sin el recelo de que cualquier señoría pueda echarla atrás. Siempre habrá algún sector que se crea perjudicado y presente su recurso, y siempre habrá alguna señoría que lo admita a trámite. Y así estamos, en el caos, porque el marrón que se ha quitado de encima Sánchez anda de tribunal en tribunal y, para colmo, no todas sus señorías deciden lo mismo.

La realidad es que a partir de las cero horas de ayer esto puede convertirse en un desmadre de reprimidos que estaban ya preparando la parranda a partir de las 24 horas del sábado, de bares que abren a medianoche, de domingueros contenidos de viajar por viajar, de fiestas multiplicadas al infinito imposibles de vigilar... Sus señorías mandan, han mandado, y solo nos queda invocar por enésima vez a la sensatez y la responsabilidad de las personas solidarias, que son la mayoría pero que hasta ahora no han podido evitar la suma diaria de contagiados y de muertos. Y, de paso, continuará la condena a reclusión perpetua de los usuarios de residencias, confinados en sus cuatro paredes mientras no se reduzcan los índices de la pandemia. Pero esto, este triste panorama, no es cosa de sus señorías. Lo suyo es la ley.